JUSTICIA
Confirman anomalías
Las cosas no andan bien en el Instituto de Medicina Legal (IML).
Falta todavía la entrevista a la mitad de los 40 funcionarios del IML cuyas declaraciones bajo promesa de ley son la parte central de la investigación que realiza la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante severas denuncias de corrupción y tráfico de influencias en esa institución.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Yadira Centeno, presidenta de la comisión especial investigadora, confirmó que hay anomalías en dicho instituto tras entrevistar al menos a veinte funcionarios.
El IML se encuentra bajo acusaciones de tráfico de influencias e irregularidades administrativas, en las que señalan la emisión de exámenes médicos legales para favorecer o afectar a reos, así como cobros por servicios adicionales como la preparación de cadáveres.
El magistrado Edgard Navas aseguró que el objetivo de la comisión es procurar la “buenandanza” del IML que, según él, es una institución con mucho prestigio y no merece que se le dañe con los señalamientos hechos.
La comisión de la CSJ formada por Centeno, Navas y la magistrada Ligia Molina, está supuesta a entregar un informe el próximo 15 de agosto para discutir en “corte plena” las decisiones sobre los hallazgos.
RAMÓN POTOSME
PROPIEDAD
Colgados con 786 reclamos
El procurador general de la República, Hernán Estrada, dijo sentirse satisfecho con la carta enviada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que confirma el waiver para Nicaragua, pues considera evidencia que hay seguridad jurídica en el país y se han solucionado las demandas de ciudadanos estadounidenses.
Pese a ello, Estrada reveló que hay 786 reclamos de propiedad por parte de nicaragüenses, una cifra que considera es un remanente de gobiernos anteriores, que serán solucionados en los próximos años, partiendo de la celeridad con que han trabajado.
“Queda reducido a un número de 786 personas nacionales, eso es casi el chingaste y remanente de todos”, dijo Estrada.
Además, aseguró que los 426 reclamos de estadounidenses pendientes podrían ser finiquitados en los próximos dos años.
RAMÓN POTOSME
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