Buenos Aires/EFE
Un tribunal de alzada concedió el beneficio de prisión domiciliaria al último dictador argentino, Reynaldo Bignone, y al exmilitar Santiago Omar Riveros, condenados a cadena perpetua en cárcel común por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último régimen de facto (1976-1983).
La Cámara de Casación Penal consideró «arbitraria» la decisión del Tribunal Oral Federal de San Martín, que estableció que cumplan las penas en una cárcel común, y apelando a la avanzada edad de ambos hizo lugar al pedido de los abogados de los exgenerales, según informó una de las querellantes, que ya anunció que va a apelar el fallo.
Bignone, de 83 años, fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2010 y a prisión perpetua hace tres meses por delitos cometidos en uno de los dos mayores centros clandestinos de detención durante la dictadura, la guarnición de Campo de Mayo, que albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.
El último dictador argentino, quien negoció la transición hacia la democracia después de firmar una ley de Amnistía y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos, está además siendo actualmente juzgado por el robo de bebés durante el régimen militar.
Riveros, de 88 años, quien dirigió la unidad de Campo de Mayo, acumula tres condenas a prisión perpetua por crímenes perpetrados en ese centro clandestino, una de ellas por el secuestro y asesinato por empalamiento del militante comunista de 15 años Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en 1976 en las costas de Montevideo.
La madre del joven, Iris Avellaneda, quien también permaneció detenida en Campo de Mayo, explicó en una conferencia de prensa que el fallo no está firme aún, por lo que todavía no se hizo efectivo, pero aseguró que lo va a apelar porque lo considera «una burla» de la Justicia.
«La resolución invoca la avanzada edad de ambos, que son octogenarios, pero creemos que no cambiaron sus condiciones de salud, de modo que no corresponde modificar un aspecto sustancial de la condenas», señaló la abogada de Avellaneda, Sabrina Dentone, integrante de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre.
La letrada señaló que organismo de derechos humanos está analizando apelar el fallo mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Unas 30.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último régimen militar, en el que se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres.
