Por Elízabeth Romero
La posible prolongación en el cargo de la jefatura policial, encabezada por la primera comisionada Aminta Granera, no puede ser basada en el alegato de “obediencia debida” al presidente Daniel Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional porque en este caso “no cabe”, sostuvo el jurista constitucionalista y expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López.
“La obediencia debida aquí no cabe porque a todas luces es ilegal y estaría violando la Constitución Política. Lo que puede hacer el comandante (Daniel) Ortega si tiene el interés que doña Aminta (Granera) permanezca en el cargo es enviar un proyecto de reforma a la Ley 228, que la Asamblea Nacional lo apruebe y en ese caso sí tendría legalidad, de lo contrario estaría violando la ley y la Constitución Política”, sostuvo López.
El miércoles el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, también invocó la Constitución Política de la República para alegar el sometimiento a Ortega.
Sin embargo, López señaló que “el concepto de obediencia debida se da cuando la orden o la disposición de un superior se produce dentro del marco jurídico, es decir dentro de la legalidad”.
López dijo que la Constitución Política en sus artículos 130 y 183 establece que ninguna autoridad, ningún poder del Estado o funcionario tendrá más atribuciones que las que expresamente le confiere la Carta Magna.
Mientras que el artículo 182 establece la supremacía de la Constitución Política frente a cualquier ley, tratado internacional, decreto o disposición, apuntó López.
López se sumó a las voces que indican que Ortega debe reformar la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía, para que Granera permanezca en el cargo.
Recordó López que la Ley 228 establece cinco años para el cargo de director de la Policía y no puede Ortega mediante un decreto ejecutivo ir contra la misma.
“Un reglamento es un acto administrativo de carácter general subordinado a la ley, un reglamento nunca puede transgredir lo que dice una ley; en consecuencia no se puede amparar un reglamento que ha violentado lo que dice la ley para prorrogar el período a doña Aminta”, aseguró López.
¿DOS JEFES NACIONALES?
No obstante, fuentes extraoficiales señalan que aparentemente Ortega intenta mantener a Granera en servicio activo, pero no en el cargo como titular de la Policía.
Esto significaría que el mandatario deberá nombrar a otro primer comisionado, entre sus leales, lo que en la práctica llevaría a que las actividades de la institución se desarrollen bajo dos mandos.
De acuerdo con la versión surgida en las últimas horas, la prolongación de Granera en la institución es porque Ortega estaría contemplándola como asesora de la presidencia o ministra de Gobernación, cargo que ya le habría ofrecido. Las reformas al reglamento contempladas en el decreto 94-2009, en diciembre pasado, establecen en su artículo 1: “que cuando no se formalice la solicitud de jubilación, el tiempo de permanencia se prorrogará hasta 30 años para el escalafón ejecutivo, y hasta 35 años para el de oficiales hasta el grado de comisionado mayor”.
El exprocurador Alberto Novoa dijo estar de acuerdo en que el decreto que reformó el reglamento no puede estar encima de la ley, pero apuntó que este reglamento nunca fue impugnado por inconstitucionalidad, por tanto tiene valor legal.
Por tanto, Granera “tendría una prolongación de su período, que es lo que está establecido en reglamento”, dijo Novoa.
Si Granera permaneciera en la jefatura, “estaría cometiendo una ilegalidad más el comandante Ortega, estaría violentando la Constitución Política una vez más y por otro lado, doña Aminta, estaría colaborando en esa violación”, dijo López, quien añadió que de llegar a sostener Ortega a Granera en el cargo, cualquiera podría ampararse por “un acto que procede de una autoridad que no tiene legitimidad”.
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