Como una nueva “ley del bozal” calificó la oficial de proyecto de observación de Hagamos Democracia, María Francis Blandón, el Reglamento de Ética Electoral que entregó el Consejo Supremo Electoral (CSE) a los partidos políticos que participan en la contienda electoral.
Sin embargo, expresó que “quien debe temer más por este código de ética” es el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pues es él quien más violaciones ha cometido”, afirmó Blandón.
Lo lamentable —expresó la funcionaria de Hagamos Democracia— es que el CSE no quiere que se le haga ni una sola crítica ni comentarios que no le convenga, pese a las múltiples irregularidades de este proceso electoral y que han sido señaladas por los partidos políticos y los organismos de observación nacional.
NUEVO CÓDIGO NEGRO
“Van a buscar ‘un pelo en la sopa’ para decirte que estás violando el Código de Ética. En otras palabras, este nuevo reglamento es la ley del bozal. Parece que estamos en el tiempo de Somoza con el código negro y vemos que la historia se repite”, dijo Blandón.
El artículo cinco del Código de Ética señala que el que difame, injurie, calumnie o quien diga expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes en contra de las autoridades electorales, magistrados, miembros del CSE o candidatos será considerado un acto contrario a la ética electoral y traerá consecuencias al infractor.
“El problema que vemos es que ya nadie puede hacer señalamientos o exigir una rendición de cuentas en este país, pues ya se le imponen multas como la del concejal Luciano García. Además, también pueden considerar ofensa llamarlos magistrados de facto, pese a que ellos usurpan cargos, pues no han sido electos por la Asamblea Nacional”, dijo Blandón.
¿Y LA PROPAGANDA EN COLEGIOS Y EL ESTADO?
El tema de la propaganda electoral también se aborda en el Código de Ética, pero solo se prohíbe manchar, dañar, distorsionar, deteriorar cualquier forma de propaganda.
“Aquí no se habla de la violación a la Ley Electoral por el uso de vehículos del Estado con propaganda del Gobierno, la utilización de centros educativos como casas de campaña, el personal del Estado en concentraciones políticas y el uso de trabajadores de las Alcaldías para pintar y pegar propaganda del FSLN en las calles”, denunció Blandón.
Blandón se refirió al artículo 10, donde señala que parte de las obligaciones de los organismos electorales son proteger y respetar los derechos de los ciudadanos, ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, combatir cualquier irregularidad, abuso de autoridad y cumplir a cabalidad la Ley Electoral.
“En mi parecer, quienes deben temer más a este código es el mismo CSE, pues los magistrados de facto son los primeros que no protegen ni respetan los derechos de los votantes. Los primeros que no son imparciales son ellos”, señaló Blandón.
En el artículo 11 queda prohibido a los funcionarios del CSE y empleados de este poder “entorpecer o impedir la emisión del voto”.
“Los únicos que entorpecieron e impidieron la emisión del voto en 2008 fueron los sandinistas. Ellos fueron los que anularon cantidad de votos, así como también fueron los que cometieron el fraude electoral. Así que quienes se deben cuidar más por este código son el partido de Gobierno y el CSE”, dijo Blandón.
Otra de las prohibiciones que hizo el CSE fue “imprimir documentos de capacitación que contengan conceptos y principios oficiales de la institución, vinculadas a las etapas del proceso electoral del 6 de noviembre”.
La representante legal de la alianza PLI, María Eugenia Sequeira, dijo que esto afecta a los partidos, pues no saben cómo harán para capacitar a los fiscales que defenderán el voto de los nicaragüenses.
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