Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
Una ciudadana nicaragüense de nombre Sara Eufemia Martínez Pérez, recurrió de amparo ante la Sala Cuarta Constitucional contra la Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía Municipal de San José, por una «redada masiva e indiscriminada» de nicaragüenses realizada por estas instituciones recientemente en los alrededores del Parque La Merced.
El operativo en el que también participó la Fuerza Pública fue realizado el pasado 26 de junio, a pesar que la propia Sala Constitucional, en el voto 04-000875-0007-CO del año 2004, declaró como ilegal una redada masiva realizada en La Carpio y ordenó que este tipo de retenciones no volvieran a ocurrir de la forma en que entraron a ese asentamiento las autoridades.
El recurso de amparo de Martínez Pérez fue acogido por la Sala Constitucional para estudio y solicitó a Migración y a la Policía Municipal a brindar la información correspondiente.
Al respecto, la Fuerza Pública informó brevemente que durante las vacaciones estudiantiles de mediados de año, que finaliza esta semana realizan operativos para velar por la seguridad, mientras que Migración y Extranjería, indicó escuetamente que la Policía Profesional de Migración procedió el 26 de junio a revisar la condición migratoria de todas las personas, encontrando a 74 que estaban en condición irregular y que fueron citados a esta dependencia para lo que corresponda.
En tanto, de la Policía Municipal no se logró obtener una versión, aunque se cree que ha incrementado los operativos en San José contra las ventas ambulantes, una actividad informal a la que se dedican varios de nicaragüenses radicados en el país del sur.
El recurso de Martínez Pérez denuncia que el domingo 26 de junio, a eso de las diez de la mañana, la policía migratoria y la municipal, efectuaron una «redada masiva e indiscriminada» en los alrededores de La Merced, donde las autoridades instalaron un cerco policial.
Añade que las acciones provocaron caos en la población especialmente entre los nicaragüenses, a quienes se les impedía el libre tránsito, además del abuso de autoridad y del maltrato físico como discriminatorio del que fueron objeto.
A toda persona que detenían y no aportaba documento, según el recurso, los montaban a los autobuses que estaban parqueados a orillas del parque y luego los trasladaron a una delegación policial de la capital.
«En total llenaron como cuatro buses y detuvieron a unas 350 personas, dentro de los cuales iban menores de edad junto con sus padres», dice el recurso.
Martínez Pérez insiste en que la policía migratoria y municipal actuó con abuso de autoridad y con maltrato verbal. En su caso, dice, le despojaron de su pasaporte y la amenazaron con deportarla.
Incluso, alega Pérez que detuvieron a una señora de nombre Gladys Méndez Hernández con sus dos hijas costarricenses, una de siete años y otra de siete meses, a quienes las detuvieron.
