MÉXICO/EFE
Los esfuerzos realizados en México y otros países de origen de migrantes en Latinoamérica contra las redes criminales que se lucran con los secuestros de indocumentados son insuficientes, denunció ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.
“(…) Creo que tiene que dársele un mucho mayor impulso a estrategias de prevención” y “de investigación” de los secuestros de migrantes, afirmó el ombudsman mexicano.
Su crítica la circunscribió no solo a México, sino también “a los países de cuyo origen son estos migrantes centro y suramericanos”, que también deberían investigarlos. “El crimen organizado ha tomado ya el tráfico de personas como una de sus principales fuentes de ingresos”, tras el trasiego de drogas y armas, alertó.
Plascencia recordó que existe ya “un esfuerzo regional que se ha iniciado, pero que hay que impulsar de modo mucho más intenso” con
compromisos en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, entre otros, a pesar de la “gran fragilidad institucional” que puedan presentar en algunos casos. “Es un fenómeno delincuencial que tiene que atenderse con mucha mayor energía“, indicó.
México investiga desde hace semanas un supuesto secuestro masivo de migrantes en Medias Aguas, oriental estado de Veracruz.
Además, una casa-refugio de migrantes en Tenosique, estado de Tabasco (sureste), sufrió un ataque este mes que motivó la huida de indocumentados, según Amnistía Internacional (AI).
A estas situaciones hay que sumar el caso de los 72 cadáveres, en su mayoría de migrantes centro y suramericanos, encontrados en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, en el noreste de México, asesinados supuestamente por sicarios de la banda criminal Los Zetas.
Ante una situación así es imperiosa “una cooperación mucho más estrecha” entre los países expulsores y de paso de inmigrantes, y un análisis del fenómeno “como una ramificación del crimen organizado que hasta hace algunos años no había abarcado este ámbito”.
Plascencia también se refirió a la ejecución el pasado 7 de julio del mexicano Humberto Leal en Huntsville (Texas, EE. UU.) tras ser condenado a muerte por asesinato.
Dijo que era lamentable que no fuera aceptado en EE. UU. un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en 2004 y 2008 pidió la reconsideración del caso sobre la base de que no se le ofrecieron al reo todas las garantías del debido proceso.
“Me parece que en este caso de Humberto Leal, lamentablemente, la pobreza vinculada con una escasa defensa propició un fallo que terminó con su vida y que no deja muy en claro que se haya respetado un marco jurídico”, añadió Plascencia.
“(…). Y si existe la mínima sospecha de que un proceso estuvo viciado, debe revisarse. Así está previsto en el marco jurídico de EE. UU“, detalló.
Con situaciones como la ejecución de Leal “es evidente que estamos desvirtuando el sentido mismo del Estado”, afirmó Plascencia.
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