Mientras se confirmó que altos mandos de la Policía Nacional habrían recibido órdenes de la Presidencia de la República de no permitir que las microfinancieras sean afectadas en sus operaciones como pretende el grupo de los No Pago, los cabecillas del movimiento se expresan retadores ante esta decisión.
Fernando Guzmán, secretario de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), dijo: “Entendemos que hay orientaciones superiores del Gobierno” en que la Policía Nacional garantice el pleno funcionamiento de las microfinancieras.
Efectivamente, no permitir la interrupción de labores del sector, se trataría de un cambio en la actitud complaciente mostrada por la Policía ante las protestas del grupo de morosos, como del propio presidente de la República, Daniel Ortega.
Guzmán dijo que tras la reunión que sostuvieron con altos mandos de la Policía Nacional, estos se comprometieron a garantizar la seguridad de las sucursales como del personal que labora en las mismas.
CABECILLAS SE MUESTRAN RETADORES
Sin embargo Omar Vílchez, cabecilla de este movimiento, afirmó a LA PRENSA que los “comandos” de morosos están listos para protestar frente a las sedes de las microfinancieras en 22 municipios del país a partir del próximo lunes.
“Esté o no esté la Policía vamos a ir a los plantones porque nos asiste la Constitución Política de expresarnos libremente”, afirmó Vílchez.
Cada “comando” lo integrará entre 50 y 100 morosos. Vílchez dice que la intención es hacer plantones pacíficos, pero que el objetivo es presionar a Asomif para que acepte renegociar una vez más las deudas bajo las condiciones del movimiento.
Según Guzmán, les preocupa que se hable de “comandos”. Confía en que la Policía cumpla con garantizar que no haya actos de violencia contra el personal y las instalaciones de las microfinancieras.
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“Si protestan de manera respetuosa no hay problema, pero no pueden pretender eliminar el derecho al trabajo que igual tenemos nosotros”, reclamó Guzmán.
PYMES EN MEDIO
Como consecuencia de este nuevo conflicto, se prevén daños económicos serios, donde el sector de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) aparece como el más perjudicado.
Asomif congeló la cartera de 25 millones de dólares previstos a canalizar a través de nuevos préstamos en el presente ciclo productivo. De no restituir la estabilidad al sector, podrían congelar el total de la cartera equivalente a 71 millones de dólares previstos para el financiamiento en 2011.
Gilberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), advierte que está en riesgo la sostenibilidad de la capacidad de producción del sector, pues es quien depende del financiamiento de las microfinancieras.
“Ahorita no hay ninguna respuesta para sustituir la oferta de recursos para el pequeño empresario, porque el (Banco) Produzcamos no tiene suficiente capacidad”, aseguró Alcócer.
Conimipyme buscará reunirse con Asomif para discutir una flexibilidad sobre la aprobación de nuevos créditos.
LOS NO PAGO CAUSARÍAN ENORME DAÑO
Alcócer asegura que podría repetirse lo de hace dos años, cuando por el mismo conflicto, cientos de Pymes se vieron obligadas a cerrar al no obtener financiamiento para producir lo suficiente y ser rentables.
Como consecuencia, podría volver a perderse 5,000 empleos entre las micro, pequeñas y medianas empresas.
“El pequeño empresario va a tener que reducir su producción y podría tener pérdidas operativas cerca del 50 por ciento del sector Pyme. Con esto se pone en riesgo la seguridad laboral, porque muchas se verían obligadas a cesantear a sus trabajadores”, analizó Alcócer.
Alcócer y Guzmán coinciden en que es urgente que el Gobierno se pronuncie y adopte medidas que restablezcan la normalidad del sector, que se había conseguido tras la aprobación de la Ley de Microfinanzas. Recordaron que está en riesgo que el país obtenga 70 millones de dólares de los fondeadores internacionales, cantidad que el año pasado no se consiguió por la inseguridad que existía.
NO PAGAN Y TODAVÍA PONEN CONDICIONES
Por su parte Vílchez, cabecilla de los No Pago, pone de condición para sentarse a negociar con Asomif, que el Gobierno designe un representante que sirva de garante de los acuerdos.
El movimiento exige renegociar las deudas y que se cobre solo aquellos intereses que no incluyan cobros de comisiones.
Además que se suspendan las órdenes de embargos de 2,000 propiedades, y aquellas que ya fueron adjudicadas se devuelvan, aceptando las microfinancieras que el deudor termine de pagar las cuotas del préstamo.
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