Los líderes del PLC han asegurado a lo largo de la presente precampaña electoral que ya no existe el pacto que Arnoldo Alemán hizo con Daniel Ortega y le ha permitido al FSLN controlar todos los poderes del Estado.
Incluso aliados electorales del PLC que hasta hace poco condenaban con indignación el pacto libero-sandinista, ahora sostienen que esa entente política perversa ya no existe y por eso apoyan la candidatura a la reelección presidencial de Arnoldo Alemán, a cambio de algunas diputaciones que consideran aseguradas porque sus candidaturas van en posiciones “ganadoras”.
Sin embargo, lo sucedido esta semana en la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que el pacto vive y sigue causando un daño letal a la institucionalidad de Nicaragua. Eso es lo que se deduce del hecho de que los magistrados del PLC —con excepción del doctor Sergio Cuarezma Terán—, hayan reconocido como legítimos a los magistrados sandinistas de facto; que avalen las disposiciones espurias que estos han venido imponiendo desde octubre de 2009 para consolidar el control del FSLN sobre el Poder Judicial y asegurar la inconstitucional candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial; y que hayan renovado la distribución de las cuotas de ambos partidos caudillistas en el organismo judicial del Estado, por supuesto que con amplia y determinante ventaja para los sandinistas orteguistas.
Lo que pasa es que después de que fue constitucionalizado el pacto del PLC con el FSLN, mediante el cual Alemán inclusive le dio a Ortega mucho más de lo que pedía —según lo reveló a LA PRENSA el exalcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, quien fuera uno de los negociadores sandinistas—, sus efectos cobraron vida propia y su vigencia no depende de la voluntad de los pactistas, sino de la correlación de fuerzas políticas y la dinámica que el mismo pacto introdujo en el ejercicio de los poderes del Estado. De manera que al contrario de lo que el PLC y sus aliados de viejo y nuevo cuño han querido hacer creer a la opinión pública, la verdad es que el pacto está vivo y sigue causando efectos desastrosos a la institucionalidad y al desvirtuado proceso democrático nicaragüense.
El pacto no es como un matrimonio por amor o conveniencia, que se puede disolver mediante el divorcio por voluntad de una de las partes, o mutuo consentimiento, cuando el cariño se ha extinguido y/o la conveniencia ha terminado. El pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega fue para repartir el poder del Estado entre los dos partidos contratantes, concediéndole una gran ventaja al FSLN, el cual lo aprovechó para recuperar el control total del Estado y restaurar la dictadura con otras modalidades. El pacto cambió radicalmente las relaciones institucionales y políticas de poder en Nicaragua y, por lo tanto, sus efectos no se pueden revocar simplemente porque uno de los pactistas quiera revocarlos.
Realmente, lo que han tratado de hacer los dirigentes del PLC, después de darse cuenta de que Daniel Ortega y el FSLN se quedaron con la parte del león de aquel perverso acuerdo que desvirtuó y revirtió el proceso democrático de Nicaragua, es ejercer presión política burocrática para tratar de renegociar las condiciones del pacto, o al menos para que los orteguistas no les quiten o reduzcan las cuotas de poder. Presiones como la retirada de los magistrados del PLC en la Corte Suprema de Justicia, pero solo temporalmente por temor a perder del todo su ya disminuida cuota en ese poder del Estado.
Pero esas maniobras políticas de cúpula no le han servido de nada al PLC, porque es evidente que el FSLN no está dispuesto a ceder el poder político, ni por las buenas ni por las malas. Daniel Ortega ni siquiera acepta una disminución del control absoluto que ahora ejerce sobre todas las instituciones del Estado, gracias precisamente al pacto con Arnoldo Alemán.
La verdad es que el pacto solo podría ser revocado de la misma manera que fue constitucionalizado en el año 2000, después de haber sido fraguado por los pactistas en 1999. Es decir, con una reforma constitucional como la que propone don Fabio Gadea, que permita barrer toda la basura politiquera y la corrupción pactista que hay en los poderes del Estado y cambiar los criterios políticos y éticos de su composición. Para lo cual, la alianza de don Fabio tendría que lograr la improbable hazaña de obtener cuando menos el 60 por ciento de la votación nacional y de los escaños en la Asamblea Nacional.
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