Atlanta, EE.UU./EFE
La ley de inmigración de Georgia, en el sureste de EE.UU., entró en vigor hoy sin sus cláusulas más severas, mientras muchos negocios hispanos de Atlanta, la capital estatal, cerraron sus puertas en una singular protesta en contra de esa normativa.
A partir de hoy, se convierte en un delito penalizado con hasta con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 mil dólares el utilizar documentos falsos para obtener un empleo en el estado.
En respuesta a la entrada en vigor de esta ley antiinmigrante, considerada una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR) junto a otras organizaciones civiles convocaron hoy a la comunidad hispana e inmigrante a realizar un paro de labores para demostrar el «poder económico» de esta comunidad.
Como parte del «Día del Incumplimiento», los activistas instaron a la comunidad inmigrante a no comprar, no vender y no acudir a sus trabajos.
Así, varios de los más populares centros de encuentro de la comunidad latina en Atlanta, permanecían desolados esta tarde, mientras los pocos transeúntes que los recorrían expresaban su preocupación ante las repercusiones de la nueva medida.
«Estamos muy preocupados por esta ley, pero por ahora no nos queda otra que seguir luchando», dijo a Efe Aurelio Charles, un inmigrante mexicano que vive en Atlanta desde hace 10 años.
El centro comercial «Plaza Fiesta», uno de los sitios emblemáticos de la comunidad inmigrante en Atlanta, mostraba hoy establecimientos con luces apagadas y sus puertas cerradas, en muchas de las cuales se podían leer mensajes de rechazo a la ley HB87.
«El mensaje es claro: Georgia no es más el estado durazno, ahora es el estado del odio», señaló Adelina Nicholls, directora Ejecutiva de GLAHR sobre la entrada en vigencia de la HB87.
Las cláusulas más polémicas de la ley fueron bloqueadas esta semana por el juez Thomas Thrash, entre ellas la que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.
La ley aún cuenta, sin embargo, con la provisión que exige a las empresas con más de 10 trabajadores utilizar el sistema de verificación federal de datos, E-Verify, para revisar el estatus migratorio de quienes contraten, sección que se implementaría a partir del 1 de enero del 2012.
También en enero del año próximo, las agencias gubernamentales que tramitan servicios, como asistencia de vivienda o cupones de comida, sólo aceptarán documentos de identificación emitidos por el estado o el gobierno federal.
Para el sábado en la mañana, las organizaciones convocaron a la «Marcha por la Justicia» frente al capitolio estatal, a la que se sumó Amnistía Internacional.
La ley de Georgia guarda importantes similitudes con la de Arizona, que criminaliza a los indocumentados y cuyos pasajes más controvertidos están suspendidos temporalmente por una corte federal.
En Estados Unidos, la inmigración es una competencia del Gobierno federal, no de los gobiernos estatales; sin embargo, la ausencia de una reforma de las leyes migratorias ha llevado a que algunos estados promulguen normas contra los indocumentados.
