El Gobierno de Costa Rica denunció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Nicaragua ha violado en siete ocasiones las medidas cautelares interpuestas por ese tribunal en marzo pasado, como parte de la demanda promovida por los ticos tras el inicio del dragado del río San Juan de Nicaragua, en octubre pasado.
San José pidió que la denuncia sea considerada como prueba en el juicio que se sigue.
- Para el especialista en derecho internacional Julio Icaza Gallard, lo primordial es que el gobierno de Nicaragua responda a esta nueva denuncia y proporcione las explicaciones pertinentes.
Espera que el gobierno de Nicaragua no use el tema ni aliente las expediciones que denuncia Costa Rica con fines electoreros y que ambos países continúen respetando las medidas cautelares para evitar que se complique el caso.
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El Gobierno de Nicaragua aún no responde a la nueva denuncia costarricense. Pero expertos en el tema consideran que, a pesar que existen medidas cautelares que impiden a ciudadanos de ambos países ingresar a la zona de Harbour Head, en la desembocadura del río San Juan, Costa Rica, debe aportar las pruebas necesarias para demostrar que en realidad hubo ingreso y, por tanto, violación de las medidas cautelares.
La denuncia presentada el viernes por el embajador costarricense en La Haya, Jorge Urbina, y confirmada ayer sábado, señala que el Gobierno nicaragüense “consiente” la violación de las medidas cautelares al “permitir y alentar” el ingreso a la zona en disputa, a la que llaman Isla Calero, en al menos siete oportunidades, en los últimos dos meses, de grupos de hasta ochenta miembros del Movimiento Guardabarranco, que es a su vez parte de la Juventud Sandinista.
El vicecanciller costarricense Carlos Roverssi declaró al diario La Nación que estos grupos acampan hasta por tres días en la zona, donde izan la Bandera nicaragüense, cantan y gritan consignas de soberanía y aunque estén vestidos de civil, no hay certeza de que “sean militares”.
FUERA DEL TERRITORIO
El experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, reconoce que las medidas cautelares obligan a ambos países a abstenerse de enviar o mantener en el territorio de Harbour Head, incluyendo el caño (que ya fue limpiado en el marco de los trabajados de dragado) cualquier personal ya sea civil, policial o de seguridad.
Pero considera que para violentar esta disposición se tendría que “entrar” en lo que la CIJ llama la zona en disputa. “Nicaragua ha ofrecido cumplir cabalmente esta orden y seguramente así lo ha hecho. Nicaragua no ha enviado ningún tipo de personal o agentes de gobierno al interior de esa zona en disputa”, indica Herdocia.
Según el experto, lo que se pudo apreciar cuando la misión de la Convención Ramsar visitó la zona, por invitación de Costa Rica, fue que “los jóvenes que en ese momento llegaron al territorio fronterizo, se mantuvieron fuera de la zona en disputa. Nunca ingresaron”.
Por ello espera que Nicaragua haga las correspondientes aclaraciones sobre la nueva denuncia costarricense.
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