LIMA/AFP
El intento de campesinos de ocupar un aeropuerto al sur del Perú, saldado con tres muertos ayer, se sumó a una serie de protestas que llevaron al próximo presidente, Ollanta Humala, a pedirle el jueves al mandatario Alan García “nos entregue un país pacificado de conflictos sociales y no nos entregue un campo minado”.
Los tres muertos de este conflicto se suman a otras tres personas —entre ellas un niño— que murieron el martes en la central ciudad de Huancavelica, en una protesta estudiantil que desbordó en disturbios y en el incendio del edificio de la Gobernación.
Los campesinos alcanzaron a tomar ayer el aeropuerto antes de ser desalojados por la policía antimotines, mientras que otro grupo de manifestantes quemó pastizales en los alrededores de la terminal, que obligó al cierre de las operaciones aéreas.
El intento de toma del aeropuerto de Juliaca, al sur de Lima, forma parte de una serie de protestas de campesinos que llevan más exigiendo que toda actividad minera y petrolera sea prohibida en el departamento andino de Puno.
El gobierno del presidente García ha negociado, pero señala que no puede plegarse a una condición tan radical como prohibir la minería en una región, pues es legal.
En el caso de Huancavelica, la protesta se debió a que el Congreso aprobó una ley que quitaba recursos a la universidad estatal de esa ciudad para poder crear otra universidad en la cercana población de Tayacaja. Un día después de los incidentes la primera ministra, Rosario Fernández, salió a señalar que no se tocarían los recursos del primer centro de estudios, por lo cual se dio fin a la protesta.
Los conflictos sociales llevaron al defensor del pueblo en funciones, Eduardo Vega Luna, a criticar el jueves la gestión gubernamental, recalcando que, en los últimos cuatro años, los conflictos sociales le han costado la vida a 88 personas.
Esta situación ocurre cuando Humala está a cinco semanas de convertirse en el nuevo presidente peruano. Humala recordó que la Defensoría del Pueblo estableció que hay 227 conflictos sociales abiertos.
Para el analista Santiago Pedraglio, “Humala tiene tres opciones ante esta represión social; conceder sin ton ni son, comprometerse en una política represiva o modificar de manera firme el papel que le cabe al Estado central en la relación entre la inversión privada y los ciudadanos que protestan.
El sociólogo Eduardo Toche dijo que “hay poca voluntad mostrada por el gobierno para poner al menos una solución temporal a estos problemas (…) Por otro lado el presidente electo declara que esto es problema del gobierno que sale. En ambos casos hay enormes errores. Un gobierno electo, sí, tiene que preocuparse no asumiendo responsabilidades, pero sí saber que está pasando”.
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