WASHINGTON/EFE
La operación “Rápido y Furioso”, por la que Estados Unidos permitió la entrada ilegal de armas a México con el objetivo de llegar a los cárteles de narcotraficantes, arriesgó vidas inocentes y generó más violencia en el país vecino, según un informe presentado en el Congreso estadounidense.
El objetivo de esta fallida operación, en la que se perdió el rastro de unas 2,000 armas, era establecer un nexo entre los testaferros que compran las armas en Estados Unidos y los capos de los cárteles de drogas en México.
- El presidente Barack Obama, así como el fiscal general Eric Holder, han dicho públicamente que no autorizaron la operación Rápido y Furioso, si bien han admitido que fue un serio error, pero todo indica que no fue un error, señaló el legislador republicano Charles Grassley.
El congresista republicano Trey Growdy señaló que esta operación no representa el trabajo de la ATF, para la que trabajó durante 16 años, mientras el demócrata Elijah Cummings consideró que las consecuencias de la introducción de esas armas las sentiremos en los años venideros.
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“Lamentablemente, la ATF nunca consiguió su objetivo de desmantelar un cártel de droga. De hecho, la ATF no estuvo ni siquiera cerca”, indica el documento, que asegura que se puso en peligro a los agentes fronterizos y “contribuyó al aumento de la violencia y de muertes en México”.
Los legisladores republicanos Darrel Issa y Charles Grassley presentaron el informe en una audiencia del comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes, en la que participaron familiares del agente Brian Terry, asesinado en la frontera en un ataque en el que se encontraron dos armas vinculadas a la operación.
El informe, que será el primero de otros con los que pretenden que el Departamento de Justicia aclare la operación, acusa a la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de haber fallado con las medidas de seguridad para rastrear las armas de esta “peligrosa” estrategia “condenada” al fracaso “desde el principio”.
Durante la audiencia intervinieron la madre del agente Terry, quien recordó la llamada que recibió para comunicarle la muerte de su hijo, y así como su primo Robert Heyer, quien señaló: “No sé si podemos creer de verdad que no se vaya a repetir (otro asesinato). Esas armas están ahí fuera”.
También participaron los agentes de campo de la ATF que se opusieron a la operación como Olindo Casa, Peter Forcelli y John Dodson, quien reveló el pasado marzo en una entrevista con CBS que habían recibido la orden de permitir dejar pasar armas a México, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas.
El informe carga contra el jefe de grupo de la ATF en Phoenix, David Voth, encargado de coordinar la operación, quien a pesar de las advertencias de los agentes de campo de que alguien podría morir decidió continuar, y considera que los “efectos mortales” de esta “irresponsable” operación “podrían haberse prevenido”.
Los agentes cuentan que hubo un “momento de pánico” cuando la congresista demócrata, Gabrielle Giffords, recibió varios disparos en un acto público el pasado enero, ya que temían que el arma usada fuera del operativo.
“Para sorpresa de los agentes prevenir la pérdida de vidas no era la principal preocupación“, lamentó Issa, quien pidió al Departamento de Justicia que entregue los documentos solicitados por el Congreso que todavía no ha facilitado.
Por su parte, Grassley recordó que los vendedores legítimos de armas advirtieron a la ATF en 2010 del peligro de realizar operaciones encubiertas suministrando armas a contrabandistas, pero la agencia les aseguró que los sujetos estaban “bajo vigilancia”.
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