Un inversionista de bienes raíces, interesado en desarrollar proyectos turísticos en Rivas, denunció que mientras el procurador Hernán Estrada y su delegado en Rivas, Juan Bautista Betanco Meneses, conversaban con él para que negocie 403 manzanas de la finca Wiscoyol, supuestamente para favorecer a campesinos, se apropiaron de 33 manzanas de su propiedad localizada en el área costera de la Playa Colorado.
- El abogado Jaime Maltez dijo que su cliente Bayardo Argüello compró en 1993 la finca Wiscoyol de 1,114 manzanas a unos retirados del Ejército, Heriberto Bustamante y otros, quienes habían sido beneficiados con un título de reforma agraria otorgado por la Cornap. Estos decidieron venderle a Argüello porque dichas tierras no son aptas para la agricultura y la ganadería, enfatizó.
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El denunciante es Miguel Ángel Argüello Selva, hijo del conocido inversionista Bayardo Argüello Guillén, originario de Granada.
La respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha hecho esperar. El mismo representante del Estado rechazó la acusación y, aunque no conste en ningún documento en el Registro, Hernán Estrada aseguró que las tierras fueron decomisadas porque estaban inscritas a nombre de un ciudadano involucrado en actividades narcos.
Según Estrada, las 33 manzanas son una desmembración de la finca Wiscoyol que la juez de Rivas, Ivette Toruño, mandó a registrar a favor del Estado por estar relacionada con el narcotráfico y asegura que hay una sentencia firme por actividades ilegales realizadas por un ciudadano de nombre John Dewis Thomas Altamirano.
Estrada dijo que las tierras son una desmembración que hizo Argüello en la que apareció como dueño Thomas Altamirano y sostuvo que más bien el inversionista le ha hecho ofrecimientos para que el Estado titule “e incluso ha pedido permutar”, dijo en relación a la supuesta negociación de las tierras que servirían supuestamente para beneficiar a campesinos.
El procurador sostuvo incluso que están analizando la solicitud para determinar su viabilidad o si es suficiente con las tierras que posee el Estado para beneficiar a los demandantes de terrenos.
Argüello Selva dijo que no se explica cómo las tierras ayudarían al campesinado.
“Son tierras que no son aptas ni para la agricultura ni la ganadería, solo sirven para turismo y a mí esa gente no me ha dejado trabajar, ni desarrollar mi proyecto turístico que lo pretendo arrancar con 50 millones de dólares”, comentó.
Pese al nexo narco que Estrada plantea ahora, la minuta descriptiva que se puede leer en el Registro sobre la propiedad plantea otro argumento.
La PGR, basada en el artículo 614 del Código Civil, se queda con la propiedad luego de recitar el artículo que literalmente dice: “Son bienes del Estado todas las tierras situadas en los límites territoriales que carecen de otro dueño”.
Sin embargo Argüello Selva y su abogado Jaime Maltez alegan que tienen todos los documentos legales y los planos de la compra de la propiedad y piden, por lo tanto, un peritaje topográfico para despejar las dudas.
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