Los jueces de menores rechazaron la posibilidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia pues consideran que la solución debe ser integral y destacaron la responsabilidad de la familia, establecida en la misma ley. Consideraron que el aumento en la pena no disminuye la delincuencia y que debe priorizarse la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos.
La protesta en las calles se sostendrá. Según Chamorro, la próxima semana harán la marcha de velas desde la Rotonda Jean Paul Genie hasta la Rotonda Rubén Darío en Metrocentro.
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Los 18 jueces de menores de todo el país reunidos con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de facto Armengol Cuadra, continuaron ayer el debate sobre las reformas al libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia que demandan estudiantes universitarios con el fin de aumentar las penas a menores que cometen delitos graves.
Los estudiantes han sostenido sus protestas en las calles tras el homicidio de Evans Ponce, estudiante del quinto año de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) el pasado 13 de mayo.
La juez del Juzgado Segundo de Adolescentes de Managua, Ada Benicia Vanegas, consideró que debe revisarse el libro tercero del Código, pero en el sentido de garantizar los derechos de los menores durante el proceso.
Ella señala que es más beneficioso “el proceso para los adultos en el Código Procesal Penal (CPP) que para los menores en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Vanegas abogó por la modificación de los artículos 119, 134 y 203 del Código donde se establecen los delitos por los que se priva de libertad a un adolescente.
El juez suplente del Juzgado de Menores de Managua, Juan Pablo Sánchez, consideró que el aumento de pena no resuelve un problema sociológico y económico, pues la mayoría de las disposiciones punitivas no han dado resultado y ejemplificó con la deficiencia de la política de mano dura en El Salvador.
En ese sentido, las juezas de menores de Bluefields y Chinandega, Suyén Bolaños y Vida Icaza señalaron que los menores infractores usualmente viven en condiciones de pobreza, familias disfuncionales, niños y adolescentes a cargo de abuelos o que crecen en la calle, todo esto les induce a cometer delitos.
“Asumamos los padres de familia que somos corresponsables de la situación. La familia desintegrada, que no aporta ningún valor moral, ese es el resultado”, expresó Icaza.
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