La Alcaldía de Managua se lavó las manos en el caso de la única familia que se ha negado a ser desalojada en el barrio Jonathan González, donde el Ejército de Nicaragua planifica construir su nuevo hospital.
“La Alcaldía no puede negociar nada con ellos. Lo que deben hacer es buscar al Gobierno o a la gente (a cargo de la construcción) del Hospital Militar”, dijo la alcaldesa designada en Managua, Daysi Torres, a pesar de que la Dirección de Urbanismo de esa comuna es la que ha notificado la obligatoriedad de desalojo y hasta ha negociado una indemnización mínima que no fue aceptada por el propietario del área afectada, Benicio Ramírez González.
Hasta ahora, Ramírez González y su familia han sido los únicos que se han resistido al desalojo. Hace algunos meses, la Alcaldía de Managua coordinó el desalojó de otras 22 familias que fueron sacadas de sus viviendas en el Jonathan González y reasentadas a la orilla de un cauce ubicado en el costado norte del complejo de salud Concepción Palacios.
SIN NOTIFICACIÓN
A inicios de abril, la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua le ordenó a la familia afectada que “elimine, remueva, demuela, haga desaparecer las obras construidas” en un espacio que se supone es parte de la vía pública.
En esa notificación, la misma comuna detalló que sobre la propiedad en disputa se construirá una nueva calle que beneficiará al nuevo Hospital Militar.
Como medida legal, además de interponer una denuncia policial ante el “merodeo” de funcionarios municipales, la familia afectada interpuso un recurso de apelación ante el Concejo de Managua. Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó el recurso.
“El caso de ellos (desalojo de la propiedad de Ramírez González) no es competencia de nosotros. Como Alcaldía solo nos referimos al derecho de vía de esa área”, justificó la concejal sandinista Ana María Lugo, durante la sesión municipal de la semana pasada, cuando se debatió el tema del desalojo en beneficio del nuevo Hospital Militar.
A pesar de la decisión oficial, los afectados ni siquiera han sido notificados.
“Nadie nos ha entregado una notificación oficial de la Alcaldía de Managua. Pero, si ellos ahora dicen públicamente que no tienen ninguna competencia en este caso y que busquemos a otros para negociar, pues simplemente nos están dando la razón. Hay una propiedad privada y debe haber una justa indemnización”, valoró por su parte Donald Ramírez, abogado representante de la familia Ramírez González, quien además denunció que las notificaciones nunca han llegado de manera correcta a su oficina.
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