Para el grupo cívico Ética y Transparencia (EyT) la estrategia del Consejo Supremo Electoral (CSE), de irrespetar la proporcionalidad que establece la ley para asignar representantes de los partidos en los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER), es un reflejo del “modus operandi” que utiliza desde el fraude del 2008, y confirma el peligro de fraude que enfrentarán al menos 1,284 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las elecciones del 6 de noviembre.
El CSE excluyó en todos los CED y CER a representantes del Partido Liberal Independiente (PLI) e incluyó sólo algunos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que reclamaron, pero difícilmente lograrán revertir la decisión, ya que ayer mismo el CSE juramentó a las autoridades nombradas.
Los cargos arrebatados a estos partidos fueron asignados a Alternativa por el Cambio (AC) y al Partido Liberal Nacionalista (PLN), ambos integrantes de la alianza que encabeza el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“El objetivo es anular los resultados que sean necesarios con la estrategia que comienza precisamente con no nombrar en los CED y en los CER representantes de los partidos a los que les piensan robar el voto”, señaló Roberto Courtney, director ejecutivo de EyT.
Courtney recordó que los miembros de los CED y CER que fueron juramentados ayer nombrarán posteriormente a los miembros de los Consejos Electorales Municipales (CEM) y los municipales a su vez a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
“Es decir, ya sacaron del juego de contar los votos y de decidir qué JRV se anulan a los dos partidos que, según las encuestas y la historia electoral de este país, son los que representan amenaza para el partido de gobierno, que es el que está detrás de esta maniobra”, afirmó Courtney.
Estima que eso representa una violación desde el punto de vista práctico, pero también legal por la asignación de espacios adicionales al FSLN a través de los partidos que integran la alianza que encabeza.
- Aunque anteriormente Roberto Rivas estableció un aproximado para el padrón electoral de 4 millones 150 mil ciudadanos, ayer expresó que el padrón electoral real estimado es de 3 millones 359 mil personas y esa es la cifra que vamos a estar manejando nosotros de ahora en adelante.
Mencionó que autoridades del Ministerio de Salud le informaron que de acuerdo a un estudio realizado por un organismo internacional, de 1997 al 2010, encontró que había 181,482 defunciones registradas ante esa cartera, lo que representaba un 68 por ciento de los fallecidos, por lo que existía un 32 por ciento de subregistro.
Eso hace que los 181,482, aunque unos digan que soy malo en aritmética, más los 85,403 que es el 32 por ciento, nos da un total de 266,885 personas fallecidas entre 1997 y 2010, aseveró Rivas.
De la cantidad mencionada por Rivas, reconoció que le han dado de baja del padrón electoral a 40 mil personas, de las que tenemos certeza que han fallecido; ese padrón tiene esa impureza.
Eso nos daría a nosotros un total de 791 mil ciudadanos, que si bien es cierto aparecen en ese registro electoral, pero no van a ejercer su derecho al voto, no por abstención, sencillamente porque no lo pueden hacer, porque no se van a salir de los cementerios, ni se van a venir del lugar donde están, dijo Rivas.
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HAY QUE DENUNCIAR EL FRAUDE
María Francis Blandón, oficial de proyecto de observación de Hagamos Democracia (HD), atribuye la estrategia a tratar de evitar que los representantes de los partidos constaten y denuncien el fraude. Pero confía en que eso no se podrá impedir porque el fraude se denunciará con el apoyo de la población.
Por su parte Alberto Dávila, responsable de capacitación de HD, reconoce que a los partidos además de la denuncia les queda la opción de presentar recursos. Sin embargo, es el mismo CSE que actuó con “dolo” el que los resolverá por considerar que podría introducirlos únicamente para cumplir lo establecido en la ley.
CAUSA DE NULIDAD
“Recordemos, que a nivel de JRV constituye causa de nulidad que haya dos miembros de un mismo partido o alianza en este caso a cargo de la JRV”, detalló.
“La maniobra de poner a gente de AC e incorporar a la Alianza por la República (Apre) a la planilla gubernamental para hacerle el juego a los partidos que tienen caudal de votos, queda más clara cada día”, afirma Courtney.
Adelanta que los partidos que hoy fueron excluidos de los CED y CER quedarán fuera de los Consejos Electorales Municipales (CEM) y, “tal como lo anticipamos, veremos que los que van a manejar las JRV en particular esas 1,284 que son el universo del fraude de las elecciones pasadas y el universo del fraude de las elecciones futuras”, no serán representantes de los partidos que estén punteando.
“No nombrarán a nadie del partido que estén anticipando que le van a tener que robar el voto”, afirma el representante de EyT.
SE VIOLENTAN PRINCIPIOS ELEMENTALES
Para Courtney lo más grave es que se están violentando los principios elementales de unas elecciones que permitan una competencia limpia en la que al ciudadano se le dé la oportunidad de votar y escoger.
“Esa es la parte más condenable, más allá de las ilegalidades, toda ley electoral obedece a una lógica para que un pueblo elija, y la manera en que se están haciendo las cosas aquí, apuntan a todo lo contrario. La convierten en el juego en el que hemos dicho, para que no gane el partido que tenga más votos sino el que tenga más artimañas y esté más apto para anular el voto ajeno. En ese sentido no necesitamos hacer elecciones para saber cuál partido va a ser ese”, dijo Courtney.
Considera que bajo estas condiciones a los partidos les quedaban dos caminos: retirarse de la contienda y asumir las consecuencias que ello implica, y obligar al Gobierno y al Poder Electoral a “robarse” la elección, y al parecer ya tomaron una decisión.
Courtney insiste en que a ellos no les corresponde calificar cuál era el camino más conveniente. “Lo que sí podemos señalar es que las condiciones de transparencia y de justicia del proceso electoral están siendo alteradas en forma dramática, de la misma forma en la que consumaron el fraude en el 2008”, dijo el director ejecutivo de EyT.
RECLAMOS DEL PLI Y ALN
Al reclamo de la alianza PLI se sumó la de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ya que de acuerdo con el diputado Carlos García, no se respetó la distribución, lo que causó inconformidad sobre todo en lo que concierne a Managua, una de las principales plazas electorales del país.
Según García, de la manera en que los magistrados electorales de facto aprobaron la distribución de las posiciones, lo que deja entrever es que “se están prestando al juego de un futuro fraude”.
Para el parlamentario, la ALN queda en desproporción en algunos departamentos al ser ubicados como segundos miembros, representantes de aliados electorales del partido de Gobierno, como es el caso de Alternativa por el Cambio (AC), y Alianza por la República (Apre), a la que califica como un apéndice del oficialismo.
“Miramos desde ahí la mala fe, la mala intención de los magistrados del Consejo Supremo Electoral para manchar este proceso electoral”, dijo García.
El parlamentario recordó que durante las elecciones municipales le correspondió a la ALN la presidencia de Managua, pero ahora quedan como primer miembro, y les reasignan la presidencia, pero en Río San Juan.
Reconoció que la Ley Electoral tiene un vacío legal, en cuanto a que no establece de forma clara cómo se debe hacer la distribución, no solo de la presidencia y los primeros miembros, sino también de los segundos miembros, lo que queda a discreción de los magistrados electorales.
DESFACHATEZ DE ROBERTO RIVAS
Sin embargo, el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, minimizó los reclamos y las suspicacias que los nombramientos han causado en partidos políticos, al destacar que si los mismos estiman que no obtuvieron la suficiente representatividad (aunque insistió que no es el caso), “pues presenten sus ternas para los CEM, y allí vamos a seleccionar de manera tal, que sea equitativa la participación”.
Rivas insistió que uno de los parámetros que se tomó en consideración para escoger a los nombrados fue su participación en procesos anteriores, con el objetivo de realizar un trabajo de calidad.
“El CSE ha hecho un análisis, ha valorado rigurosamente a cada uno de los propuestos, y tomando en consideración su capacidad profesional, su experiencia en otros procesos, y su manejo en el proceso electoral, es por eso que el CSE los ha seleccionado a ustedes”, enfatizó Rivas durante su intervención en el acto de juramentación de los miembros de los CED y CER.
El magistrado de facto justificó la presencia de AC y PLN, a pesar de ir en alianza con el partido de gobierno, a que la Ley Electoral establece que todas las organizaciones y alianzas pueden presentar ternas, y si el resto no lo hizo, “es problema de ellos” porque sí tienen la oportunidad.
El magistrado de facto recordó a los funcionarios juramentados “que tenemos un compromiso, uno, con la Constitución Política de la República; dos, con la Ley Electoral; tres, con las otras leyes de la República que están relacionadas a la nuestra; cuatro, muy importante, con las resoluciones del CSE, que tienen carácter de ley en un proceso electoral, y en fin todo aquello que garantice la bienandanza del proceso”.
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