MÉXICO/AP
El Gobierno de México presentó ayer cargos formales contra Martín Estrada Luna, alias “El Kilo”, uno de los autores de las matanzas de 255 personas en San Fernando, un pueblo en Tamaulipas, cerca de la frontera estadounidense.
Autoridades federales han señalado que Estrada Luna, de 34 años, participó en agosto en la matanza de 72 migrantes y en la de las 183 personas cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas en abril por las autoridades.
Los dos hallazgos ocurrieron en la localidad de San Fernando, en el estado norteño de Tamaulipas, cerca a la frontera.
Aunque autoridades habían detenido a Estrada en abril como presunto autor intelectual de las matanzas de agosto en San Fernando, ayer la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que presentó cargos formales por delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. El Gobierno no le ha fincado cargos por homicidio, ni dicho qué pena enfrenta si resulta culpable de los cargos.
Como migrante indocumentado, Estrada fue deportado de Estados Unidos en enero del 2009.
Autoridades dicen que en poco tiempo se convirtió en un líder del feroz cártel de Los Zetas, pero no han presentado evidencia públicamente de que Estrada haya asesinado a 255 personas.
Muchos de los que conocieron a Estrada en el pueblo de San Fernando dijeron que era narcotraficante, pero no el cabecilla de la violenta organización criminal.
Investigaciones preliminares han indicado que la primera masacre de 72 migrantes, que sucedió el 26 de agosto, se dio porque las víctimas, la mayoría de ellos centroamericanos, se negaron a trabajar para Los Zetas. Entre los asesinados también habían inmigrantes de Suramérica, específicamente de Brasil y Ecuador. Un inmigrante ecuatoriano fue el único sobreviviente de esta masacre.
Autoridades han dicho que en el caso de las fosas se trataba supuestamente de mexicanos que buscaban emigrar a los Estados Unidos y que fueron secuestrados de autobuses de pasajeros en marzo para obligarlos a trabajar con el cártel. Los que se negaron fueron asesinados y enterrados en las fosas.
Aparte de Estrada, la Procuraduría ha fincado cargos contra otras 72 personas por los crímenes de San Fernando. El Gobierno espera presentar cargos contra 52 personas más.
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