La mayoría de los magistrados de los Tribunales de Apelaciones de Managua alistan sus informes de gestión, pues aspiran a reelegirse. Estos siguen los procedimientos establecidos en la Ley de Carrera Judicial, la apuesta de los magistrados sandinistas para seleccionar a 30 funcionarios que el próximo dos de julio terminan su período de cinco años establecido en la Constitución.
“Lo que conozco es que algunos magistrados que están trabajando y se les vence en julio elaboran sus informes. En el caso de Managua, a la mayoría, a casi todos he escuchado que tienen aspiraciones y en base a su trabajo elaboran un informe para entregarlo, eso es lo que dice la Ley de Carrera Judicial, aseguró Gerardo Rodríguez, asesor del Tribunal de Apelaciones de Managua y expresidente de esa instancia. Rodríguez aspira a la reelección.
La magistrada Ligia Molina dice confiar en que habrá consenso entre ellos y los magistrados de tendencia liberal y en caso contrario contemplan la posibilidad de llamar a los conjueces para formar Corte Plena. Aún así, asegura que personalmente no lo considera adecuado, pues ese tipo de acreditación es solo para casos específicos y no para asuntos de la administración de ese poder del Estado.
ELECCIÓN AMAÑADA
Para la elección de magistrados de Apelaciones, los magistrados sandinistas ya elaboraron una normativa de selección en la que no habrá concurso sino una evaluación de méritos por parte de una comisión especial conformada por el pleno de la CSJ. Según Molina, ellos seleccionarán en base al escalafón, antigüedad y valoración del trabajo realizado mientras estuvo en el cargo. Los aspirantes deben escoger una sentencia y defenderla ante la comisión.
Por su lado, el magistrado liberal Manuel Martínez cree que debe elegirse en base al artículo 164 de la Constitución, es decir, con el voto del pleno de la Corte. Todo ello a pesar de no poder conformar corte plena, pues tan solo 11 magistrados están en funciones. Cabe recordar que el magistrado Sergio Cuarezma Terán no se ha integrado para no legitimar a los usurpadores del cargo de magistrado, Rafael Solís, Armengol Cuadra y Dámicis Sirias, amparados en el decreto 03-2010, considerado inconstitucional por varios juristas.
Martínez considera que si pretenden aplicar la Ley de Carrera Judicial debe ser completa y no en forma coyuntural. Según él, la Corte no está debidamente conformada y por tanto tampoco el resto de la estructura.
La magistrada Molina difiere sobre las consideraciones de la conformación de la Corte y señala que la comisión de méritos puede realizar el proceso de evaluación aunque tal como lo plantea Martínez la elección se haga en “Corte Plena”.
Pese a ello, la Comisión de Méritos, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial, será conformada por el Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial (CNACJ), que la integran cuatro magistrados.
Tal instancia no ha sido nombrada por no haber quórum para Corte Plena. Molina por su parte señala que no ha sido seleccionada por no contar con los 16 magistrados que establece la Carta Magna. No obstante entre ellos hay criterios diversos.
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