En días recientes las voces de familiares y amigos del estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Evans Ponce se han hecho escuchar. Ellos demandan el incremento de la pena para el joven que lo mató y le robó. Algunos expertos en el tema, sin embargo, consideran que esa no es la solución.
- Familiares y amigos de Evans Ponce, supuestamente asesinado por un adolescente, se han dado a la tarea de recoger firmas para reformar el Libro Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, para ser llevadas al Segundo Distrito Penal de Adolescentes de Managua y a la Asamblea Nacional.
Amigos y docentes demandan la pena máxima de 30 años, ya que consideran que la Ley 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, solo ha servido de amparo para los delincuentes que andan libres por las calles.
Los lectores del Diario LA PRENSA han manifestado opiniones diversas en su página web. Mientras algunos consideran que se debe atender mejor a los jóvenes para evitar que se conviertan en delincuentes, otros abogan por que se endurezcan las penas para los que se involucran en delitos.
Otros se han dedicado a criticar los niveles de inseguridad a que se ha llegado en las calles y centros de estudio y señalan que la politización de la situación en el país prevalece por encima de la seguridad ciudadana y favorece a la delincuencia.
[/doap_box]
Olga Moraga, de Unicef Nicaragua, dijo lamentar muchísimo el caso, pero al referirse al tema indicó desconocer si en realidad está comprobado que la persona que asesinó al joven estudiante es adolescente. “Comencemos por ahí”, expresó.
“Los muchachos con justa razón se han solidarizado, están llamando la atención a la gente, pero están apuntalando en dirección incorrecta, están viendo los efectos, pero hay que irse a las causas también”, agregó.
“¿Por qué estos jóvenes están delinquiendo? Hay múltiples causales porque estos adolescentes están metidos en la droga, en el robo, en la delincuencia”, expresó.
Para Moraga, los adolescentes están en esta situación porque a ellos no se les cumplieron sus derechos como niños, “porque si tuvieran familia que le transmita valores y se preocupe por ellos, no sería así. Es nuestra responsabilidad como padres de familia y en segundo lugar de los agentes protectores”, manifestó.
JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
La especialista destacó, sin embargo, que el Código no permite impunidad, “pero nunca puede ser tratado igual un adolescente que una persona adulta, mayor, es una etapa de la vida totalmente distinta, donde está en proceso de desarrollo el niño”, explicó.
Lo que el Código hace es darle una justicia penal adecuada al adolescente, para que esta persona se pueda reinsertar después a la sociedad. El Estado tiene que proporcionar las herramientas para que este adolescente sea tratado como tal, señaló.
“Si son puestos en el mismo lugar con otros delincuentes adultos, van a sacar maestrías, doctorados en delincuencia y no es eso lo que queremos, queremos adolescentes que contribuyan con su capacidad, educación, al país”.
Moraga señaló que en El Salvador y Honduras han endurecido las leyes y están llenas las cárceles de adolescentes infractores porque piensan que teniendo mano dura van a solucionar los problemas, pero no ha sido así.
Nicaragua tiene experiencias exitosas trabajando con adolescentes en riesgo y hay que reflexionar para que haya una respuesta multisectorial y de la comunidad misma, comentó.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
