El gobierno de Daniel Ortega está priorizando el pago de la deuda pública sobre la inversión en sectores sensibles como Salud y Educación.
Así queda evidente en el informe técnico elaborado por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la sexta revisión del programa de Servicio de Crédito Ampliado (SCA) suscrito por Nicaragua, y que fue publicado por el organismo.
En el documento se recoge el compromiso del Gobierno de que fondos que se obtengan en el 2011 en concepto de sobrerecaudación de impuestos, adicionales a los que ya fueron incorporados en el Presupuesto General de la República, se utilizarán para saldar parte de la deuda pública.
Dice textualmente el informe que “en el caso de que la recaudación de impuestos supera el nivel de nuevas proyecciones, y en ausencia de nuevos choques que alteran el entorno macroeconómico, el exceso de recursos se utilizará para reducir la deuda interna”.
Para el economista Adolfo Acevedo, esta aceptación es muestra de que el gobierno de Ortega practica todo lo contrario de lo que promulga en sus discursos, pues está sacrificando la asignación de mayores fondos a sectores que deberían ser prioridad.
Sin embargo, se evidencia la presión del FMI para que se adopten medidas sobre el endeudamiento que viene adquiriendo el Gobierno nicaragüense, puesto que viene incrementándose cada año.
La deuda pública del país, tanto externa como interna, aumentó en 75 millones de dólares en el primer trimestre del 2011, para alcanzar los 5,215 millones de dólares, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua (BCN).
Un comportamiento que se repitió en 2010, pues por ejemplo, el servicio de deuda externa pública aumentó en 215.5 millones de dólares.
Por eso cada vez están aumentando los fondos para pagar. En 2011 se presupuestó para el pago del servicio de la deuda 354 millones de dólares.
LO QUE SE SACRIFICA
En marzo pasado la Asamblea Nacional aprobó una reforma presupuestaria por 1,658 millones de córdobas a percibirse en ingresos adicionales a los que originalmente se presupuestó.
Acevedo indica que “lo más probable” es que en el año se produzca una sobrerecaudación adicional de lo que oficialmente se proyectó, tomando en cuenta el crecimiento mostrado por la actividad económica.
Pero la lectura de Acevedo al acuerdo con el FMI, es que “ni un solo centavo (de los fondos extras) podrá utilizarse para incrementar la inversión pública en educación, salud o mantenimiento de los caminos rurales”.
Critica por tanto que el Gobierno aceptara promover una reforma presupuestaria que redujo el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en relación a lo programado, lo cual no habría podido lograrse sin castigar al Ministerio de Educación (Mined) y al Ministerio de Salud (Minsa).
El presupuesto del Mined, tras la reforma, se contrajo al 3.65 por ciento con respecto al PIB. En 2010 fue del 3.82 por ciento y en 2009 era de 3.98 por ciento. En el caso del Minsa, el presupuesto con respecto al PIB quedó en el 3.65 por ciento, que es menor al 3.80 por ciento del 2010 y el 4.09 de 2009.
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