Una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia es una demanda social que a juicio del presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, debe ser tomada muy en serio, debido a la alta incidencia de menores de edad en actos delictivos.
Uno de esos sectores que se pronuncia por una reforma sobre todo en lo relacionado al incremento de las penas es el sector universitario, a raíz del asesinato de Evans Omar Ponce (q.e.p.d.), un estudiante del último año de la carrera de Arquitectura que fue interceptado por un grupo de quinceañeros y uno de ellos le arrebató la vida por robarle su celular.
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Pallais recordó que las penas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando se aprobó hace unos doce años, son de seis años la máxima, lo que es considerado por muchos sectores como insuficientes, ya que estiman que esos jóvenes tienen la capacidad suficiente para asumir sus actos y las consecuencias del mismo.
El parlamentario liberal dijo que además de que la pena mínima es de seis años, otro aspecto es que en la mayoría de casos no se cumple la misma, porque se les otorga la libertad antes de cumplir el período dictado por el judicial.
Una de las preocupaciones es que debido a lo que califican como una debilidad en el Código de la Niñez y la Adolescencia, muchos adultos utilizan a los menores de edad confiados en que la justicia será magnánima con ellos, o que en muchos casos ni siquiera serán detenidos, porque en uno de los artículos de la ley se establece que cuando sean menores de 15 años se les impondrán medidas cautelares que cumplirán en sus casas de habitación aunque el delito sea de homicidio, las que por falta de tutela de las autoridades no son cumplidas en su totalidad y los jóvenes vuelven a delinquir.
Incluso cuando la Policía Nacional procede a la retención de un menor, su detención no es registrada como sucede con las personas adultas, por lo que no se puede llevar un control de las veces que ha sido retenido ni el por qué de la retención, que tiene un tiempo no mayor de algunas horas.
Carlos Gadea, de la bancada liberal, manifestó que como diputado y ciudadano está de acuerdo en reformar el Código, ya que no es posible que un adolescente asesine a una persona, pero por el hecho de ser menor se apliquen las penas de forma parcial.
“En el crimen organizado muchos asesinos contratan a niños para que cometan asesinatos y robos como el que sucedió allí (al referirse al caso del universitario)”, observó Gadea, quien insistió que hay que proteger los derechos de los niños y adolescentes, pero no cuando delinquen, por lo que las penas deben incrementarse.
De la misma forma se pronunció el jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Adolfo Martínez Cole, quien agregó que el Estado debe asumir políticas que ayuden a la niñez y adolescentes a mantenerse alejados de las drogas, que es uno de los motivos por los que delinquen para obtener recursos que les permitan acceder al estupefaciente.
Otro factor es el descuido de los padres de familia, que no están atentos a sus hijos.
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