“Yo voy a ser franca: con perdón de ustedes, pero yo no los reconozco como contralores de la República”, expresó la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, diputada Miriam Argüello Morales, a los cinco contralores de facto que fueron citados al parlamento para responder por su actuar ante sonados escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Dichos funcionarios continúan en sus cargos amparados enun ilegal decreto emitido por el presidente Daniel Ortega.
El enojo embargó a la diputada Argüello, nublando su olfato político y cayó en la trampa que montaron en su contra los diputados orteguistas de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, con la colaboración del diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Elíseo Núñez Hernández.
La diputada Argüello —molesta por los constantes cuestionamientos que hicieron estos parlamentarios por su iniciativa de citar a los cinco miembros titulares de la Contraloría General de la República— finalmente cedió a las presiones y terminó expresando su franqueza sobre la ilegalidad del ejercicio de los cargos que ostentan los titulares del ente fiscalizador.
CONTRALORES SE FUERON
Luego de la expresión de la diputada Argüello, los contralores decidieron por unanimidad levantarse de la reunión, aduciendo que si la parlamentaria, como presidenta de la comisión no los reconocía como funcionarios legítimos y legales, entonces no tenía sentido que la comparecencia continuase.
Se retiraron de la reunión, pese a la insistencia de la diputada Argüello de continuar.
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Sin embargo, además del comentario de la parlamentaria Argüello, el otro argumento esgrimido por los contralores de facto es que el quórum de la comisión había sido roto.
Esto porque los diputados orteguistas, encabezados por Douglas Alemán, decidieron levantarse del encuentro, alegando solidaridad con los contralores por los señalamientos vertidos por Argüello.
Los contralores fueron citados por la Comisión de Probidad para que explicasen su actuar ante los escándalos por malos manejos de los recursos públicos ocurridos en instituciones como el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
Pero el único punto que fue ligeramente abordado fue el referido a los 407 millones de córdobas en anticipos aún por justificar por parte del CSE.
Una investigación periodística devenida de una filtración de documentos en febrero pasado, dio cuenta de cómo para justificar estos anticipos se falsificaron montos y decenas de facturas, sin que hasta la fecha se haya aclarado el destino final de esos recursos.
Sobre este caso, la Contraloría fue severamente cuestionada porque pese a las evidencias documentales publicadas decidieron no realizar una nueva auditoría en el poder electoral.
La justificación de los contralores fue que por el contexto electoral no era conveniente realizar procesos de auditoría en el CSE, dado que estos podían ser manipulados políticamente.
INICIA EL BOICOT
El torpedeo a la reunión fue iniciado por el diputado del PLC, Núñez Hernández, quien dijo que si se iba a cuestionar a los contralores por su actuar había que abarcar también períodos anteriores al del presidente Daniel Ortega.
“En ese caso, tendríamos que ver entonces el actuar de Eduardo Montealegre también, porque él era el ministro de Hacienda en esa época y por tanto estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo”, expresó Núñez Hernández.
La diputada Argüello le discutió su señalamiento, aduciendo que la comparecencia tenía puntos que abordar y que sus problemas personales con Montealegre no eran parte de la agenda del día.
Por su parte, el diputado orteguista Douglas Alemán, quiso deslegitimar la discusión sobre el tema de las facturas del CSE, aduciendo que esta se fundamentaba en una conspiración periodística.
“Los medios lo que quieren es instrumentalizar a esta Comisión y a la Contraloría para sus propósitos en contra del Consejo Supremo (Electoral). Qué casualidad que la publicación de esas facturas se dio en febrero, días antes de la inscripción de candidatos el 1 de marzo. Lo que en realidad buscaban era deslegitimar al Consejo Supremo, de cara a la inscripción”, expresó Alemán.
Entonces agregó que si algo tenía de válido la comparecencia es que se estaba legitimando a los contralores en sus respectivos cargos. Fue entonces cuando la diputada Argüello expresó el comentario que provocó la suspensión de la comparecencia.
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