El lavado de dinero es un término conocido. Consiste en hacer legales los billetes obtenidos por medio de prácticas ilegales. Pero ¿lavar aletas de tiburón? Lejos de aplicar agua y jabón, se trata del mismo sistema usado por las mafias, y parece estar ocurriendo en Nicaragua.
Según la información obtenida por instituciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, al menos una empresa de nombre asiático está utilizando el primer país para introducir aletas de tiburón al segundo, aprovechando carencias legales, limitaciones de control y falta de coordinación en ambos países.
Capturar a un tiburón, cortarle las aletas y lanzar el cuerpo al mar es ilegal en Centroamérica. Se conoce como “aleteo”. Sin embargo, está permitido el comercio de las aletas con algunas restricciones.
Recientemente Costa Rica prohibió que la embarcación Hung Chi Fu 68, con bandera de Belice, desembarcara en un puerto privado. Según la denuncia de ambientalistas costarricenses y nicaragüenses, ante la negativa tica, la nave se dirigió hacia Nicaragua.
Una vez en aguas nacionales, el buque solicitó permiso para desembarcar por problemas de refrigeración, ya que estaba a punto de perder su faena.
Debido a que se trataba de una emergencia, Nicaragua le permitió descargar su producto en el puerto de San Juan del Sur. Lo que nadie sabía era que se trataba de un cargamento de aletas de tiburón.
Las denuncias informaron que en dicho puerto se descargaron aletas suficientes para llenar dos camiones contenedores.
Habiendo burlado a las autoridades de Nicaragua, a los traficantes solo les faltaba el segundo paso, el más fácil, burlar a las autoridades costarricenses.
Los camiones, cargados con aletas de tiburón, se dirigieron a la frontera entre ambos países, e introdujeron de manera legal lo que habían obtenido por métodos ilícitos. La clave era que Costa Rica sí permite la importación de aletas de tiburón.
De esta manera, las mismas aletas que Costa Rica había rechazado por agua, ingresaron por tierra sin problemas.
El Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca) conoce el caso y no lo ha negado. Los denunciantes coinciden en que los infractores se aprovechan de la falta de coordinación y debilidades legales en los países de la región.
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