Pese a las constantes denuncias de sospechas de corrupción interpuestas en los últimos días por parte de usuarios del servicio de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), la Policía Nacional no realiza ni tiene planificada ninguna investigación en esa institución.
“En este momento no tengo conocimiento si se está desarrollando algún trabajo. Sé que trabajamos en la prevención”, refirió el jefe de Relaciones Públicas, comisionado mayor Fernando Borge.
Ante la insistencia sobre el seguimiento a las denuncias públicas, Borge dijo: “En este momento nosotros no estamos desarrollando mayor trabajo y cuando tengamos alguno pues en su momento se van a dar los resultados”.El pasado 4 de mayo LA PRENSA publicó declaraciones de la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, a través de las cuales confirmó que por órdenes del presidente Daniel Ortega realizarían investigaciones “preventivas” en todas las instituciones del Estado.
- El representante de Importaciones Latinoamericanas Mercado y Compañía Limitada (Ilmer), Roberto Mercado Castillo, de forma constante ha enviado cartas a las autoridades aduaneras, así como de Hacienda y Crédito Público y de Economía, Industria y Comercio, exponiendo su situación.
Y le hace ver en esa carta enviada en abril del 2008 a Medrano, como “he sido atropellado por los diferentes gobiernos neoliberales de turno en los 16 años anteriores , lo que me obligó a recurrir de amparo para defender los derechos de la empresa, los trabajadores, mi familia y los míos, en vista que era víctima de acoso, persecución e instigación constante”.
[/doap_box]
Las declaraciones de Granera fueron vertidas en reacción a las insistentes preguntas sobre el caso de corrupción destapado en la Dirección General de Ingresos (DGI), sobre las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Les reitero, no solo en la DGI, en todas las instituciones del Estado a través de la Dirección de Investigaciones Económicas, esto conlleva trabajo investigativo público y trabajo investigativo secreto”, fue la respuesta de Granera en ese momento.
ILMER ALEGA QUE NO HAY DEUDA
El caso de la DGI sirvió para que los usuarios de la DGA denunciaran situaciones anómalas, que se presentan con la nacionalización de la mercancía.
El martes pasado la DGA emitió un comunicado, y en lugar de responder a las críticas surgidas en cuanto a tratamiento diferenciado de subvaloración para unos y sobrevaloración para otros, el texto únicamente se refiere a un caso de reclamo con la empresa Importaciones Latinoamericanas Mercado y Compañía Limitada (Ilmer).
La DGA aseguró en el documento oficial que en “ejercicio contable de las declaraciones recurridas y las auditadas, Ilmer les debe 107,847,459 córdobas con 23 centavos, sin sumar a dicho monto lo correspondiente a multas administrativas y deslizamiento cambiario”.
El representante de Ilmer, Roberto Mercado Castillo, habló de la existencia “de una trama” en su contra y aseguró que no tiene deuda con la DGA, pues hay silencio administrativo a su favor. Mercado explicó que Ilmer pese a que se había amparado ante la Corte Suprema de Justicia siguió el caso por la vía administrativa ante la DGA y al no haber contestado Aduana en tiempo y forma como establece la ley, hubo silencio administrativo positivo a favor de la empresa.
“A lo mejor sus funcionarios no le han dicho que los dos casos en los que ha recurrido están en silencio administrativo”, expresó Mercado Castillo, quien se mostró extrañado que Aduana haya sacado un documento “tan denigrante, sin saber cómo está realmente la situación jurídica de esos dos amparos” presentados por Ilmer.
El representante de Ilmer manifestó que su empresa ha sufrido castigo, por parte de la DGA por denunciar las anomalías de sobrevaloración de sus productos ingresados.
“En el caso de Ilmer han habido presiones de todo tipo en sobrevaloración —cuando se estaba importando porque hoy en día la empresa ya está cerrada— te dilataban la mercancía hasta 45 días (a), dos meses”, indicó Mercado Castillo.
Mientras el tiempo de despacho de mercadería a otras empresas, por ejemplo, era de dos horas 39 minutos, a Ilmer le sacaban sus productos en 27 días. La legislación aduanera dice que para un despacho son tres días como máximo.
Los representantes de Ilmer recurrieron ante la CSJ, que los amparó en 2007, por considerar que sufrían persecución de parte de las autoridades de Aduana de esa época después que les practicaron una auditoría y continuaban solicitándoles de forma constante información complementaria. Esta situación continuó igual con las siguientes autoridades.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
