Néstor Moncada Lau, secretario personal del presidente Daniel Ortega, es quien en realidad está a cargo de varias instituciones de importancia en el país, como la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), además de la Policía Nacional. Esto lo confirma una carta enviada por un importador a Moncada Lau confiándole una situación de sospechas de corrupción en la DGA.
En la misiva con fecha 24 de julio de 2009, el importador le señala a Moncada Lau que le envía la comunicación debido a que “es de mi conocimiento que usted coordina las instituciones: Policía Nacional, Dirección General de Ingresos (DGI) y en el caso que nos ocupa la Dirección General de Servicios Aduaneros, para la buena andanza de las mismas, según comentarios del licenciado Ismat tarek Khatib Shihab”.
El 8 de abril del presente año, LA PRENSA tituló: “Aminta Granera borrada” , dado a que un alto funcionario de la Policía Nacional confió que quien manda realmente en esa institución es Moncada Lau.
Según un informante, el poder adquirido por Moncada Lau ante la pareja presidencial supuestamente se debe a que fue el único que logró convencer a la hijastra del mandatario, Zoilamérica Narváez, para que retirara su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el caso de violación.
Moncada Lau fue miembro de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE) y desde los años ochenta ha sido mencionado en distintos hechos oscuros, por los que nunca fue juzgado.
Al inicio de la carta en poder de LA PRENSA el importador refiere: “Me permito dirigirme a usted para expresarle las barbaridades jurídicas que se cometen a diario en la administración de Aduanas y por aprensión de los usuarios de la misma, no lo exponen por temor”.
El afectado le hace un resumen a Moncada Lau de las acciones con las que considera han transgredido sus derechos. Uno de los señalados por ese caso es el hermano de este, Oscar Moncada Lau, a cargo de la delegación aduanera en Managua, el otro fue Edwin Mendoza González.
A ambos funcionarios les atribuye que supuestamente incurrieron en “la sobrevaloración injusta, irracional e injustificable” que afectó a su empresa. Así como la desigualdad en el trato del usuario del servicio aduanero expresada en la entrega expedita y valoración en la que se privilegia a los importadores Roambeth S.A., de Roberto Rivas Méndez y la de Rafaela Antonia López García, que es manejada por el hijo de esta Félix Hernández.
Y señala que en fecha del 30 de junio se lo hizo ver al director general de Aduana, pues tiene información sobre casos donde declaran sillas cuando introducen reproductores de vídeos, declaran maniquíes por televisores, además de declarar menos cantidades por los embalajes reales.
LA PRENSA buscó el viernes a Félix Hernández, pero tanto sus empleados en Globals S. A. (Almacén General de Depósito Público y de Agente Aduanero) como los de su casa frente a la Cárcel de Mujeres, dijeron que su ubicación o teléfono no lo podían facilitar.
“Él no viene aquí”, fue la respuesta de una empleada de Globals. Al consultarle sobre otra dirección o un teléfono donde pudiera ser localizado, la empleada que no se identificó expresó: “No se puede dar esa información”.
En el caso particular de Roberto Rivas Méndez, propietario de Roambeth S.A., el equipo de LA PRENSA intentó abordarlo cuando este salía en su camioneta de su oficina en Bello Horizonte. Y aunque Rivas Méndez prometió brindar declaraciones en horas de la tarde del viernes, a la hora acordada no regresó a su oficina.
El cambio económico de Rivas en los últimos años es más notorio. Pasó de vivir en una pequeña casa, forrada de tablas ubicada en una calle cercana a un cauce, en el anexo del barrio Camilo Chamorro, a una vivienda ubicada en Monte Cristi y de allí pasó a Bosques de Santo Domingo.
Uno de los exvecinos de Rivas Méndez dijo que llama la atención la rapidez con que se ha enriquecido Rivas, pues consideró que “ahora es millonario”.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado liberal José Pallais, quien conoció también la denuncia del importador sobre las anomalías en la DGA, afirmó que el hecho de que los dueños de esas dos empresas coincidentemente aparezcan mencionados entre los beneficiados con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la DGI, le lleva a sospechar que estos “tienen muy buenos amigos o que tienen muy buenos entronques”.
Esto, porque según Pallais, “cuando vos te estás enterando de que hay una situación anómala y grave como la que yo vi y no investigás, la conclusión a que tenés que llegar es que hay pisada de animal grande (…) hay una gran fiesta, una gran danza millonaria de corrupción institucionalizada”.
SIGUEN PUGNAS
Otras fuentes extraoficiales confirman la existencia de pugnas en el interior del partido de gobierno, que pasa por la pareja presidencial como sucedió en el caso de la Alcaldía de Managua.
Extraoficialmente se dice que Ortega dio la orden a la Policía de “documentarlo” para abrir un expediente. De la oficina de Fidel Moreno los oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) sacaron dos CPU, indicó una fuente, que a su vez refirió que el coronel retirado Lenín Cerna “llevó a su gente” y está haciendo su investigación.
Igualmente Ortega ya habría orientado que el actual director de la DGI, Martín Rivas, presente denuncia ante el Ministerio Público. Por este caso, aparentemente hay tres detenidos, pero esto fue negado por el vocero policial comisionado mayor Fernando Borge.
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