Varias de las confederaciones sindicales de trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) rechazaron ayer en un comunicado público la supuesta privatización de la estatal compañía aguadora y a la vez señalaron que todo es una campaña que se ha difundido de forma mal intencionada en “algunos medios de comunicación”.
Estas confederaciones que se han parado fuertemente al Gobierno para evitar despidos masivos en Enacal y recortes de sus prestaciones laborales, extrañamente ahora señalan que las denuncias sobre la supuesta privatización de Enacal son una campaña sucia, mentirosa de los medios de comunicación.
No obstante, fue la expresidenta de Enacal Ruth Selma Herrera, junto a dirigentes de sindicatos opositores, quienes advirtieron que la empresa podría estar en peligro porque se “cocina” un proceso de privatización en etapas, que afectaría en primera instancia a las filiales más rentables.
En un comunicado los sindicalistas se colocan en la misma acera del Gobierno y usando un lenguaje similar al del oficialismo afirman que no están a favor de “campañas sucias, mediáticas y mentirosas” que denuncien la privatización de Enacal.
EL TRASFONDO DE TODO
Luego que la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional iniciara los procesos de consultas de dos iniciativas de leyes que buscan reformar las leyes orgánicas de Enacal y del Instituto Nicaragüense Acueductos y Alcantarillados (INAA), surgieron las denuncias de privatización.
Herrera ha insistido en que detrás de este proceso de reformas de las leyes está el fantasma de la privatización bajo el disfraz de hacer rentable a la empresa de agua potable.
Agregó que con esta propuesta además se da facultades a la junta directiva de la empresa para poder establecer lazos o sociedades con otras instancias que le permitan distribuir el agua en sociedad.
“Una junta directiva con facultades y competencias puede decidir privatizar mañana la empresa, porque no hay plata para invertir en el sector. Con un simple decreto pueden decidir separar las filiales de la empresa”, dijo recientemente Herrera.
Por otro lado, una de las medidas que el Gobierno prepara para sanear las finanzas de la aguadora es modificar la tarifa que se cobra a los consumidores por recibir el suministro de agua potable.
Al menos es lo que deja entrever el acuerdo adquirido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se debe cumplir en este año, para mantener al país dentro del programa macroeconómico.
Conforme la nueva Carta de Intenciones con el FMI, el Gobierno debe enderezar las finanzas y el plan de inversión de Enacal a fin de volverla una empresa rentable, según se confirmó oficialmente.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
