Los actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) son hechos graves que deben ser investigados correctamente y castigados, porque se trata de la mala utilización de los impuestos que paga el pueblo, opinaron expertos en materia tributaria.
El economista Adolfo Acevedo señaló que el problema más grave es que en Nicaragua las instituciones estatales no tienen autonomía sino que están manejadas de manera discrecional por el Gobierno central.
Es por eso, señaló Acevedo, que la investigación de la Policía Nacional ha sido también discrecional en el fraude millonario en la DGI, sin tomar en cuenta a otros entes estatales competentes, como la Contraloría General de la República (CGR) y la Fiscalía.
“La Policía obedece órdenes”, dijo Acevedo.
El también economista René Vallecillo señaló que por razones técnicas la Policía debió auxiliarse en su investigación de la CGR y la Fiscalía.
Según Vallecillo, de lo que se trata de es de velar por el tesoro público, por los impuestos que paga la ciudadanía nicaragüense, pero no se está cumpliendo con ese principio.
“La gravedad del caso es enorme, los impuestos son sagrados”, expresó Adolfo Acevedo.
La jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionada mayor Glenda Zavala, dijo que no podía decir nada sobre el caso, aunque admitió haber leído los informes periodísticos, basados precisamente en un informe policial de la unidad que ella dirige, sobre la millonaria defraudación que se habría realizado en la DGI durante la Administración de Walter Porras.
“Cuando nosotros tenemos algo que decir, los llamamos a conferencia de prensa a través de Relaciones Públicas”, se justificó la jefa policial.
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Por su parte el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, reiteró que la Policía ha dejado a la DGI al margen de este caso “Hemos estado muy ausentes, ni la Contraloría que es la que debería de estar ahí”, expresó Centeno.
Un informe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía indica que una red de personas dirigidas supuestamente por Walter Porras estaba realizando devoluciones de impuestos IVA a distintas empresas a cambio de que se quedaran con el 40 por ciento del monto, pero el 60 por ciento sería para los “contactos en la DGI”.
René Vallecillo señala que el caso es grave porque si las investigaciones son acertadas, las devoluciones fueron tramitadas de manera incorrecta, sin realizarse la debida revisión por parte de los auditores de la DGI, porque no se comprobó si los beneficiados tenían derecho a la devolución, pero especialmente porque los funcionarios públicos están para cuidar los impuestos, no para coludirse para malversarlos.
RECAUDACIÓN DE IVA ESTABA CAÍDA
Tanto Vallecillo como Acevedo coincidieron en que la recaudación de los impuestos IVA en la DGI estaba caída.
Acevedo señaló que en los últimos meses la recaudación del IVA estaba irregular, ya que cada mes se iba reduciendo en comparación con el anterior. “La reducción (en la recaudación del IVA) era demasiada”, dijo.
Vallecillo aseguró que había una diferencia entre el IVA que se estaba recaudando a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), la cual era bastante aceptable y en la recaudación en la DGI, donde no estaba siendo efectiva.
Para ambos economistas algo muy grave es que la ciudadanía ya no tendrá confianza de que los impuestos serán bien utilizados, debido al escándalo donde la pérdida de dinero supera los 67 millones de córdobas.
Las personas investigadas son Erick Thony Chavarría Herrera, propietario de la empresa Creaciones Publicitarias, S.A., que supuestamente le hace trabajos al Frente Sandinista (FSLN); William Antonio Guerrero Pavón, contador de la empresa Importaciones Payita; el asistente de este último, Bryan Alejandro Darce García; Judith de la Concepción Reyes Balmaceda, gestora, y la exjefa de Devoluciones, Daniela Auxiliadora Rodríguez Callejas.
De las investigaciones policiales se desprende que las personas sospechosas lograron la devolución de impuestos por un monto de 67 millones 576 mil 165 córdobas a favor de las siguientes empresas: Construnicsa, ROANBETH, Construcciones Ríos y CIA Limitada, Creaciones Publicitarias, S.A., Empresa Ebenezer, Improdesa y la empresa Sellos de Hule Rally.
De acuerdo con las investigaciones, en algunos casos las empresas ni siquiera eran candidatas para optar a la devolución del IVA.
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