WASHINGTON/ AFP Y AP
- La CIDH instó al Gobierno de México a “maximizar sus esfuerzos” para evitar que se repitan estos crímenes y juzgar y sancionar a los responsables, “ya sean miembros de las mafias organizadas o de agentes del Estado en colusión con los delincuentes”.
Según la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, se cree que los asesinatos se cometieron entre uno y dos meses antes del hallazgo de los cuerpos y podrían ser atribuidos a la organización criminal Los Zetas.
Hasta el momento han sido detenidas más de 30 personas, 16 de las cuales son policías locales del municipio de San Fernando, acusados de proteger y encubrir al grupo de Los Zetas.
La CIDH subraya que varios informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) revelan un aumento de los secuestros de inmigrantes en todo el país.
En un informe especial publicado este año, la CIDH indicó que 11,333 inmigrantes fueron secuestradas entre abril y septiembre de 2010, siendo Tamaulipas uno de los estados con mayor número de víctimas.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer al gobierno de México a investigar las matanzas en el estado de Tamaulipas, donde fueron hallados 145 cadáveres en fosas, y a proteger a los migrantes, víctimas frecuentes de secuestros en la zona.
La Comisión, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó en un comunicado los asesinatos de estas personas, que podrían ser migrantes, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en las últimas semanas en el municipio de San Fernando en Tamaulipas (noreste).
Hasta el momento se identificó a al menos un migrante guatemalteco.
El gobierno mexicano debe “maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes”, “determinar la identidad de las víctimas” e “investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, sean “delincuencia organizada o de agentes del Estado”, señaló la CIDH.
PROTECCIÓN A MIGRANTES URGE
Asimismo, el gobierno de Felipe Calderón debe “adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos”, destacó.
Las autoridades mexicanas han capturado a casi medio centenar de personas supuestamente relacionadas con los crímenes, entre ellos a 16 policías municipales y a Martín Omar Estrada Luna, jefe del cártel Los Zetas, grupo al que se atribuyen los homicidios.
La CIDH recordó que en anteriores ocasiones ha manifestado a México su preocupación por el estado de indefensión de los migrantes mexicanos y centroamericanos que atraviesan ese país en sus intentos por llegar a Estados Unidos.
Una organización mexicana de defensa de los derechos humanos registró más de 11,000 migrantes secuestrados en seis meses en 2010, gran parte de ellos en Tamaulipas, agregó la CIDH.
PRISIÓN PARA 16 POLICÍAS LIGADOS A MATANZA
Un juez autorizó encarcelar a 16 policías municipales involucrados en la matanza de al menos 145 personas en el estado de Tamaulipas y que ha sido atribuida al cartel de las drogas de Los Zetas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que los agentes municipales estarán al menos 40 días en prisión preventiva mientras se profundizan las investigaciones en su contra por delincuencia organizada, secuestro y homicidio.
Los policías de San Fernando, la municipalidad donde se encontraron los cadáveres, “presuntamente colaboraban proporcionando protección al grupo delictivo denominado Los Zetas, además de que podrían haber incurrido en prácticas de encubrimiento de los responsables”, refirió la PGR.
Además de los policías, en los últimos días han sido detenidos 28 presuntos miembros de Los Zetas, entre ellos Martín Omar Estrada Luna, alias “El Kilo“, considerado el líder del cartel en San Fernando y autor intelectual de la masacre.
Las autoridades creen que varias de las víctimas eran migrantes que fueron secuestradas cuando viajaban en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos.
“El Kilo” también es considerado el responsable de otra masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.
Piden maximizar esfuerzos para proteger a migrantes
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