Los diputados de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional citarán después de Semana Santa al consejo de contralores para que brinden información sobre denuncias de corrupción recientes que la Contraloría General de la República (CGR) está revisando.
Los contralores también deberán explicar por qué la CGR ha actuado con pasividad ante varios casos de corrupción, revelados por distintas investigaciones periodísticas que han causado escándalo.
El contralor de facto y presidente del consejo de contralores, Guillermo Argüello Poessy, confirmó ayer vía telefónica que él irá gustoso y sin inconvenientes a la cita con los parlamentarios.
Esta citatoria fue promovida por la presidenta de la comisión, diputada Miriam Argüello, cuando, después de cinco meses, hubo cuórum para discutir el tema en esa instancia legislativa, lo que permitió pujar para que la propuesta fuese aprobada por todos los integrantes de esta comisión.
El diputado liberal y miembro de la comisión, Maximino Rodríguez, comentó que la propuesta de Argüello siempre era bloqueada por los diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN).
Estos aprovechaban las constantes ausencias de los diputados opositores a las reuniones de trabajo de la comisión para obstaculizar la propuesta de la diputada Argüello, una conservadora aliada del FSLN.
Finalmente la semana pasada, con la incorporación del diputado liberal Noel Pereira Majano, pudieron estar presentes todos los miembros de la comisión, lo que fue aprovechado por Argüello para insistir en su propuesta, logrando que esta vez todos votaran a favor de esta.
CASTRO BLOQUEABA
“Hay que reconocer la valentía y persistencia de la doctora Argüello para continuar con este tema, pese a que ella es miembro de la bancada del sandinismo, pero por encima de esto está el hecho de que hay que tener información sobre estos casos de corrupción que han sido denunciados por los medios de prensa. Ella ha enfrentado mucha presión porque Edwin Castro (jefe de la bancada del FSLN) era el que le ordenaba a los cuatro diputados sandinistas para que bloquearan esta cita a los contralores”, reveló Rodríguez ayer.
Explicó que entre los casos de corrupción que pretenden abordar con los contralores están los del Aeropuerto de Managua, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Empresa Portuaria y la Dirección General de Ingresos (DGI).
EL CASO AEROPUERTO
Una investigación periodística de LA PRENSA, publicada entre marzo y el presente mes, descubrió que el gerente del Aeropuerto de Managua, Orlando Castillo Guerrero, adjudicó una compra por casi un millón de dólares a una empresa de maletín llamada Empreconsa.
Empreconsa fue creada mediante la usurpación de las identidades de tres personas de origen humilde, oriundas de Jinotega y Bluefields, cuyos nombres y números de cédula fueron utilizados sin su consentimiento para formar esta sociedad.
La adjudicación del contrato a favor de Empreconsa fue discrecional y plagada de irregularidades, con el fin de hacer aparecer a esta empresa de maletín como la única oferente interesada en el contrato.
- El general en retiro y disidente del Frente Sandinista (FSLN), Hugo Torres, dice que es claro que detrás del despido del exdirector general de Ingresos, Walter Porras Amador, hay un plan del presidente Daniel Ortega para exhibir su cabeza como un símbolo de cero tolerancia a la corrupción, en este año electoral.
Porras fue bastante torpe. Le faltó inteligencia y su exagerado servilismo lo terminó perjudicando. En medio de estas prácticas mafiosas, como las que funcionan en el orteguismo, hasta el servilismo hay que desarrollarlo con cierto grado de elegancia. En el caso de Porras, este era un servilismo tosco, asqueroso, que terminó hastiando a los propios personajes a los que iba dirigido, en este caso la misma pareja presidencial, expresó el militar en retiro.
Agregó que las constantes denuncias de corrupción que se han dado en las últimas semanas han rebasado los límites de lo que la misma ciudadanía puede tolerar, lo que estaría forzando a Ortega a dar este golpe de imagen.
Los actos de corrupción ya sobrepasan los límites de hecho que el mismo Ortega impone a sus funcionarios. Esto lo obliga a tomar medidas para vender la imagen de que este es un gobierno que no permite la corrupción, lo cual refleja un cinismo increíble, porque estos no son los primeros casos de corrupción que se dan en este gobierno, indicó.
Aquí también hay un mensaje para aquellos que están vinculados a este régimen, en el cual les están diciendo que no se pasen de vivos. Es parecido a Somoza, que les ordenaba a sus funcionarios que si iban a robar las gallinas, que por lo menos escondieran las plumas, añadió Torres.
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El contrato, en concepto de compra de unos equipos para rampa, cuya copia está en poder de LA PRENSA, también contiene varias inconsistencias, siendo la más llamativa el hecho de que el Aeropuerto de Managua le adelantó a Empreconsa hasta el 50 por ciento del monto establecido (995 mil dólares).
Este mismo dinero fue utilizado por Empreconsa para respaldar una garantía bancaria, exigida en todos los contratos con el Estado.
EL CASO CSE
Una filtración de documentos a la que tuvo acceso El Nuevo Diario en febrero pasado, descubrió que entre 2006 y 2010 funcionarios del Consejo Supremo Electoral aprobaron anticipos por cobrar hasta por 407 millones de córdobas, de los cuales se desconoce con claridad el uso final.
Estos anticipos, de acuerdo a los reportes de ese diario, fueron justificados de forma burda con facturas falsas o alteradas con el fin de cuadrar los montos.
Pese a la amplia evidencia documental, el consejo superior de la Contraloría decidió, en una votación dividida, que no se aplicara una auditoría en el Poder Electoral.
LA DEUDA DE ROBERTO RIVAS
Otro de los casos que estaría en la agenda de los diputados de la comisión de probidad es la deuda de 37 millones de córdobas, que el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, contrajo con un banco privado sin autorización de la Asamblea Nacional ni de la misma Contraloría.
La única explicación para el uso de ese dinero, brindada por el magistrado de facto Rivas, fue una informal carta enviada el 25 de noviembre del año pasado al presidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Fue una misiva de sólo cuatro párrafos, en los que no identifica al banco ni adjunta soportes documentales. Tampoco las fechas de pago y plazos de interés.
Lo único que se le presentó al titular de la Comisión Económica fue un simple recuadro con sumas y restas de gastos, sin respaldo alguno.
En esa carta, el mismo Rivas demuestra que infringió la Ley de Deuda Pública (477) al adquirir el préstamo sin aprobación de la Asamblea Nacional. Ese dinero, de acuerdo con el magistrado de facto, supuestamente se habría usado para el proceso de cedulación de los ciudadanos.
Según el magistrado de facto, ese dinero representó la contrapartida nacional para un proyecto que fue financiado desde 2005 con un monto de 5.6 millones de euros provenientes del Reino de España.
Pese a la falta de transparencia mostrada por el presidente de facto del CSE, el mandatario Daniel Ortega ordenó que la deuda fuese asumida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, usando el dinero de los contribuyentes.
EL RELAJO EN LA DGI
El otro caso mencionado por el diputado Rodríguez es el reciente escándalo que provocó el despido del director general de Ingreso, Walter Porras Amador.
LA PRENSA y otros medios de comunicación han denunciado anomalías en la gestión de Porras al frente de la DGI.
LA PRENSA reveló el 17 de enero pasado que la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta marzo de 2010 arrastraba una deuda por 107 millones 612 mil 321 córdobas.
Entre esas deudas, cortadas a diciembre de 2009, está el pago de vacaciones de los trabajadores, el decimotercer mes y las indemnizaciones a quienes han sido despedidos.
Pero además está el aporte patronal al Seguro Social, así como el dos por ciento para el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), que es usado para que las empresas capaciten a sus trabajadores.
Sin embargo, el director Walter Porras tenía dinero para financiar la participación de empleados de la institución en actividades partidarias públicas, para exaltar la imagen del presidente Daniel Ortega.
Porras pasó a la historia como uno de los funcionarios más serviles que han habido en la administración pública de Nicaragua.
En ese sentido, una investigación de El Nuevo Diario reveló varios abusos de Porras, como contratar a su esposa en la DGI, vender camisas alusivas a la propaganda política de Ortega a los trabajadores de la institución y contratar la clínica odontológica de su hijo para atender a los empleados de la DGI.
La más patética de las irregularidades de Porras, descubiertas por las investigaciones periodísticas, es el financiamiento con fondos de la DGI de un grupo musical para grabar un disco con canciones en las que él mismo canta alabanzas a la pareja presidencial.
La Policía Nacional emprendió una investigación dentro de la DGI, que incluso habría devenido en la detención de cuatro funcionarios de la institución y del mismo Porras, aunque esto no ha sido confirmado.
La institución policial ha negado oficialmente los reportes de detenciones, minimizando el caso a “simples indagaciones”.
POESSY DICE ESTAR LISTO PARA LO QUE SEA
El presidente y contralor de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dice estar dispuesto y tranquilo para enfrentar cualquier citatoria de la Asamblea Nacional.
“Estoy tan dispuesto que incluso voy a ser el primero en llegar, incluso antes que los honorables diputados. Hombré, si yo no tengo ningún problema en explicar todo lo que me concierne a mí en mi papel de funcionario y el actuar de la Contraloría”, dijo ayer vía telefónica.
Sobre los casos mencionados afirmó que tenía lista toda la documentación e información que les pueda ser pedida por los diputados.
“Lo primero que les voy a explicar a los honorables diputados es que la Contraloría es un cuerpo colegiado, en el cual cada uno de los miembros tiene derecho a un voto simple para tomar las decisiones. Yo, como presidente, no tengo derecho a doble voto como en los otros casos. En ese sentido, a mí me corresponde un 20 por ciento de todas las responsabilidades en todas las decisiones que ahí se toman”, dijo Poessy.
“Hombré, ¿y qué quieren ustedes que hagan? Si ese es el sistema que fue diseñado”, justificó el contralor de facto, cuyo período ya venció el año pasado.
Poessy dice que ya tiene preparados argumentos puntuales para cada uno de los casos mencionados.
“En el caso de la DGI, ya hemos dicho que se está trabajando una auditoría, que se pretende esté lista a principios de mayo. Yo no puedo referirme a nada de esta auditoría hasta que nos pronunciemos sobre esta. Hombré, es que no entiendo. Hay medios de comunicación, principalmente LA PRENSA, que, ideay, si no hacemos nada nos atacan, y si estamos haciendo algo, también nos vuelan veneno. No entiendo” , expresó un poco molesto el contralor de facto.
Poessy recordó que en el caso del CSE él fue el único que votó a favor de una nueva auditoría en este organismo para dilucidar el destino final de los 407 millones de córdobas en concepto de anticipos.
La Contraloría también pidió a la Asamblea Nacional que no aprobara el pago de la deuda de los 37 millones de córdobas del CSE, hasta que su presidente de facto, Roberto Rivas Reyes, justificara con formalidad cómo fue utilizado ese dinero que prestó y gastó discrecionalmente.
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