Después de varios días de conjeturas e informaciones extraoficiales sobre las investigaciones en la Dirección General de Ingresos (DGI), la Policía decidió dar la cara. Pero únicamente para decir que realizan “indagaciones” sobre el tema.
Es de destacar que las investigaciones sobre el caso de la DGI han sido obvias, pues los operativos de allanamiento como el efectuado el jueves, en la casa 81 de Villa Fontana, han sido apreciados claramente por los vecinos.
El jefe de Relaciones Públicas de esa institución, comisionado mayor Fernando Borge, quien asumió el cargo en la presente semana negó que a la fecha haya alguna persona detenida por ese caso como ha trascendido.
Por su parte el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, afirmó que sigue sin conocer nada sobre ese caso.
Y aunque hubo publicaciones periodísticas que indicaron que Centeno había sostenido una reunión con altos jefes policiales, este refirió que no ha habido tal encuentro con ese propósito.
“Se están realizando indagaciones, no tenemos detenidos en la DGI”, dijo de forma insistente el nuevo vocero policial, Borge.
“¿Pero mantienen las investigaciones?”, fue preguntado Borge.
La respuesta fue la misma: “Estamos realizando indagaciones”.
Al preguntar sobre el delito que les llevó a realizar esas indagaciones, el vocero policial respondió: “No hemos llegado todavía a la etapa de determinar nada, solo hemos efectuado indagaciones”.
El doctor Centeno manifestó que consultó a la Fiscal Departamental, Blanca Salgado, al respecto y conoció: “Hemos mandado a dos fiscales, no nos dan información, parece que están muy cerrados, no podemos obligarlos tampoco, estamos esperando (…) si hay algo que se nos informe, parece que es un caso complejo”.
Sobre las versiones periodísticas de una supuesta reunión con jefe policiales, dijo que fue que él quien asistió a la inauguración de la Comisión Ética y Anticorrupción integrada por diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Policía, Fiscalía, Ministerio de Gobernación, el Ejército y la coordina la Procuraduría General de la República (PGR). Esto es “para ver cómo se canaliza la transparencia de los funcionarios públicos” , expresó el doctor Centeno.
Y aunque el caso que ha trascendido sobre investigaciones en la DGI, están relacionadas con presunta corrupción durante la administración de Walter Porras, se desconoce si el tema será abordado en esa comisión. Y Centeno aclaró que no hubo oportunidad para abordar el tema de la DGI.
FUE ENTREVISTA
De forma extraoficial se conoció que Elízabeth Fiallos, quien desde un inicio se aseguró estaba detenida junto a otra funcionaria de la DGI, Daniela Rodríguez, se conoció que estaba en su casa. Las fuentes confirmaron que esta fue abordada por los oficiales de la DAJ en su calidad de entrevistada.
Esas fuentes instaron a los medios de comunicación a que sigan investigando sobre el caso, pero que sean responsables.
A los entrevistados, según la fuente, la Policía los ha abordado para conocer el procedimiento de los trámites que se realizaban en esa institución durante la administración de Porras.
Se conoció que todavía ayer había presencia de oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) en áreas administrativas de la DGI.
TODAVÍA HAY INCERTIDUMBRE
El secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, comentó que ha mantenido contacto con algunos trabajadores afiliados a su organización “de manera clandestina”, quienes han asegurado que aún persiste la incertidumbre, pese a que ya no está Walter Porras.
Según Leiva Sánchez, pese al cambio de titular en esa institución, que en la DGI los empleados aún sufren de miedo e inseguridad, pues no saben cuáles serán las acciones del nuevo titular.
“Si va a recrudecer las políticas de Estado que han venido ejerciendo las diferentes administraciones, en diferentes instituciones del Estado, como es la discriminación y la represalia (…) o se va a lograr de una vez por todas un ambiente de estabilidad laboral”, dijo Leiva Sánchez.
José Tomás Gómez, uno de los más de 700 despedidos en esa institución, refirió que esperan que el nuevo titular Martín Gustavo Rivas Ruiz le cancele lo adeudado durante la gestión de Porras. Lo adeudado a Gómez es de casi 400 mil córdobas.
Gómez logró que los juzgados laborales fallaran a su favor, pero Porras se negó a pagar. Esto lo llevó a ventilar el caso por la vía judicial, pero Porras se negó a acudir. Posteriormente con la mediación de la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, aceptó pagar, pero únicamente le pagó a Gómez una parte del dinero adeudado.
En las próximas horas la Fedetrasep enviará a Rivas Ruiz una copia de todos los casos laborales, pendientes a ser resueltos en esa institución. A criterio del dirigente sindical un buen signo de que están dispuestos a solucionar el caso de inestabilidad laboral, deberá ser el pago de las prestaciones de ley a los afectados.
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