Por Anne Pérez Rivera y Moisés Martínez
Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Rama seguirán siendo, por el momento, municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y no del departamento de Chontales, como ordenó un decreto emitido por el presidente Daniel Ortega.
Hace algunas semanas, Ortega publicó en La Gaceta el decreto 15-2011, en el que ordenaba que los tres municipios mencionados pasarían a la jurisdicción de Chontales.
Los alcaldes de esas zonas se manifestaron en contra y días después el Tribunal de Apelaciones de Bluefields los amparó debido a “la falta de competencia del funcionario recurrido (presidente Ortega) para dictar el decreto objeto del presente amparo”.
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Ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, también se pronunció y aclaró que la entrada en vigencia del decreto está “en suspenso”.
La magistrada explicó a varios medios de prensa que dada la resolución del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, el decreto presidencial emitido por el mandatario Ortega no tendrá, por el momento, efectos jurídicos o administrativos para los ciudadanos de estos municipios.
“Eso queda en suspenso, que es el término jurídico correcto, hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie finalmente al respecto de este caso”, explicó la magistrada Ramos, aunque no quiso adelantar para cuando se podría zanjar este asunto.
CORTE DEBE SER CLARA
“El decreto 15-2011 es abiertamente inconstitucional porque el Presidente no está facultado para reformar la Constitución del país vía decreto. Es una competencia del Parlamento y esta modificación se hace vía ley, por lo tanto la Corte Suprema de Justicia debe favorecer a los municipios y declarar tal decreto como nulo de manera definitiva”, dijo Omar Treminio, Secretario ejecutivo de la Red Nicaragüense por la Democracia y la Red Local.
De acuerdo con Treminio, el presidente Ortega “está cometiendo un abuso en sus funciones al emitir un decreto de esa magnitud (que pretende cambiar la composición administrativa del país) y eso es algo tipificado en nuestro Código Penal, por lo que debería responder”.
En los municipios afectados la batalla para revertir la medida presidencial continuará, advirtió el alcalde liberal de Muelle de los Bueyes, Gilberto Pérez Matus.
“Nosotros estamos agotando las vías administrativas, pero aquí la población está dispuesta a defender la autonomía municipal y si tenemos que tomar acciones de protesta fuertes, las vamos a tomar”, advirtió Pérez Matus.
El decreto emitido por Ortega viola la Constitución Política de Nicaragua, la Ley 59 de división política administrativa, la Ley 28 de autonomía de las regiones del Atlántico y la Ley de municipios.
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