Las personas que miran programas de entrevistas en la televisión local, el martes de esta semana no podían salir de su asombro ni evitar un sentimiento de repugnancia y desprecio, al ver y escuchar en dos canales, a diferentes horas al exdirector general de Ingresos (DGI), Walter Porras, deshaciéndose en alabanzas a Daniel Ortega, quien el día anterior ya había oficializado su despido. Además, a Porras lo sacaron de su oficina de manera humillante y penosa.
“El comandante Daniel Ortega es tan sabio que él sabe lo que está haciendo y yo respeto la decisión. Sería otra de las sabias decisiones de él, que es el mejor presidente que ha tenido el país en cuarentipico de años, esa es su decisión yo la acato, porque lo respeto, lo aprecio y lo admiro”, dijo Walter Porras, quien de ese modo se refería a su despido. Pero al mismo tiempo se empeñaba en negarlo, tal vez creyendo que podría revertirlo con los alardes de servilismo que impresionaron e inclusive asquearon a muchos televidentes.
Pero no hay por qué asombrarse de esto. El servilismo es prácticamente una conducta oficial en los países donde un individuo endiosado y supuestamente iluminado, concentra en sus manos todos los poderes del Estado y los maneja con absoluta discrecionalidad. Para los gobernantes autocráticos y absolutistas, lo que vale de las personas a las que nombran como funcionarios y mantienen a su servicio, no es la probidad personal, ni la capacidad profesional, ni la preparación intelectual, ni la voluntad de servicio público o la habilidad para resolver los problemas administrativos. Lo que cuenta para el autócrata narcisista es la fidelidad perruna del subordinado, el servilismo lacayuno, la disposición a “dar la vida por el hombre”.
Pero, ¿cómo es posible que una persona que ha sido despedida bruscamente de su cargo y echada de manera ignominiosa de su ambiente laboral, estruje su propia dignidad, diga que respeta, admira y aprecia al “líder” que lo humilla, y agregue que acata con gusto su “sabia decisión”? La única explicación de esto radica en que, como observó el eminente filósofo y pedagogo suizo-francés del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, refiriéndose al servilismo de los funcionarios secundarios que ha sido característico de todos los regímenes caudillistas, autoritarios y absolutistas a lo largo de la historia, “viviendo entre cadenas los esclavos lo pierden todo, hasta el deseo de librarse de ellas”.
Ahora bien, ¿por qué Daniel Ortega despide de manera tan humillante a quien ha sido uno de sus más fieles e incondicionales seguidores y servidores? ¿Será que de repente el caudillo del FSLN quiere poner coto a la corrupción en la DGI que ha sido ampliamente denunciada y documentada por los medios de comunicación independientes? ¿O es que Daniel Ortega se ha vuelto un gobernante transparente que se ha propuesto erradicar la corrupción, castigar a los innumerables funcionarios corruptos de su propio gobierno y sanear su turbia administración?
Nada de eso. El despido de Walter Porras es una simulación con propósitos electoreros, para engañar a los incautos con el cuento de que hay preocupación por la buena salud administrativa. Y lo mismo se puede decir de la censura gubernamental al procurador orteguista de derechos humanos, Omar Cabezas, por las expresiones en extremo vulgares que profirió contra la secretaria de Estado de Estados Unidos, señora Hillary Clinton. Como lo recordó ayer LA PRENSA, los insultos de Cabezas a la señora Clinton son iguales a los que el mismo Daniel Ortega y su vicecanciller, Manuel Coronel, lanzaron contra dos damas extranjeras de intachable reputación: la exembajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Francesca Mosca, y la exembajadora de Suecia en Managua, Eva Zetterberg. Con esos antecedentes Cabezas debió ser felicitado por el matrimonio gobernante, pero más bien lo ha descalificado públicamente del mismo modo que ha despedido a su fidelísimo partidario Walter Porras, por simples propósitos propagandísticos y electoreros.
Sobre el despido del exdirector de Ingresos, el abogado laboralista Álvaro Leiva Sánchez declaró para LA PRENSA que “la destitución de Walter Porras no va a resolver el daño a los derechos humanos de los trabajadores despedidos (de la DGI) a quienes hasta hoy se les debe sus prestaciones laborales”. Ciertamente, si Daniel Ortega quisiera realmente hacer justicia no solo hubiera despedido a Walter Porras, sino que también lo hubiera remitido a los tribunales para que responda por las graves acusaciones y denuncias de corrupción. Y además mandaría a pagar los más de 25 millones de córdobas (equivalentes a más de un millón de dólares), que el gobierno debe por concepto de sus liquidaciones a los 774 exempleados de la DGI que Porras mandó arbitrariamente a la desocupación.
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