Después de la inscripción de la candidatura de Daniel Ortega para una segunda reelección y un tercer período presidencial, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución y por lo tanto es un acto ilegal e ilegítimo que corrompe todo el proceso electoral, el régimen orteguista sigue dando grandes pasos hacia la consumación de un gran fraude electoral en noviembre de este año.
El cercenamiento de tres municipios a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), mediante decreto administrativo de Daniel Ortega, para anexarlos al departamento de Chontales, es uno de esos pasos. Y la manipulación del padrón electoral para abultar la cantidad de votos que supuestamente recibirán Daniel Ortega y sus candidatos a diputados, es otro de esos grandes pasos del orteguismo en dirección al gran fraude electoral de noviembre.
El cercenamiento de los municipios de la RAAS y su anexión al departamento de Chontales, por medio de un decreto administrativo, viola flagrantemente la Constitución, la Ley de División Política Administrativa y la Ley de Municipios. Y además constituye un atropello a los ciudadanos de esos municipios, los cuales ni siquiera fueron avisados.
En el artículo 138, inciso 20, de la Constitución, se establece que es atribución de la Asamblea Nacional “Determinar la división política y administrativa del territorio nacional”. Por su parte la Ley de División Política Administrativa determina en su artículo 7 que “La creación de regiones, departamentos y municipios, así como la alteración de sus límites, solo podrá hacerse por Ley”. Y el artículo 4 de la Ley de Municipios señala que “La creación y demarcación de los Municipios se hará por medio de ley y en ella se deberá tomar en cuenta, entre otros criterios, los siguientes: 1) La población que lo integrará, tomando en cuenta su identidad natural, socioeconómica y cultural. En ningún caso la población deberá ser menor de 10,000 habitantes. Esta prohibición no rige para los municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica ni para el caso de fusión de municipios de escasa población”.
La excepción de que se habla en este artículo de la Ley de Municipios se refiere obviamente a la cantidad de habitantes que debe tener una circunscripción territorial para alcanzar el rango municipal, no al acto jurídico de creación o alteración del municipio, que obligatoriamente se tiene que hacer mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional, no por medio de un decreto presidencial.
En lo que se refiere al padrón electoral, en enero de este año LA PRENSA informó que había sido ocultado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), y que lo más probable era que lo estaban manipulando con fines fraudulentos. Ahora se ha conocido de manera extraoficial que el padrón electoral que se dará a conocer antes de las votaciones del 6 de noviembre, será bastante inflado precisamente para justificar una votación a favor de Daniel Ortega y el FSLN mucho mayor que la verdadera.
Al respecto hay que recordar que en septiembre de 2008 el padrón era de casi 3 millones 900 mil personas y que en las elecciones de noviembre de 2006, las que ganó Daniel Ortega con el 38 por ciento de los votos gracias al pacto con Arnoldo Alemán, votaron 2,449,902 ciudadanos. De manera que los expertos en estadísticas electorales de los partidos opositores y organismos de la sociedad civil, tienen que hacer las estimaciones correspondientes de acuerdo con el crecimiento anual de la población, para tener claridad de cuánto es lo más que puede haber crecido el padrón electoral en relación con el de las votaciones de 2006.
En los medios de comunicación independientes con frecuencia se publican denuncias de que en muchos lugares del país, particularmente donde el FSLN controla los gobiernos municipales porque los ganó en las elecciones de 2008 o porque los usurpó mediante el fraude, se ha estado cedulando a muchas personas que todavía no alcanzan la edad requerida, y se están acumulando muchas cédulas fantasmas en preparación del doble voto que seguramente se practicará el 6 de noviembre próximo.
Es importante y necesario conocer todas esas maniobras del orteguismo y denunciarlas como parte que son de los preparativos del fraude planeado para las votaciones. Independientemente de lo que vaya a ocurrir el 6 de noviembre y en el día después, la ciudadanía demócrata e independiente tiene que estar muy clara de la situación y para eso es indispensable que esté debidamente informada sobre todos los entresijos del fraude.
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