El Gobierno del presidente Daniel Ortega “capeó” ayer el limbo en el que estaba Miguel D’Escoto como “representante” de Muamar Gadafi ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al nombrarlo embajador alterno de Nicaragua ante la institución mundial.
D’Escoto había sido nombrado representante de Gadafi ante la ONU por el canciller de Libia, Musa Kusa, quien pocas horas después renunció a su cargo y huyó a Inglaterra.
Luego Estados Unidos desconoció el nombramiento de D’Escoto y le solicitó realizar un nuevo proceso para asumir el cargo, pero Nicaragua prefirió nombrarlo embajador alterno.
La ONU también informó que nunca recibió una petición formal de Libia para que D’Escoto representara a Gadafi.
La representante oficial de Nicaragua ante la ONU es María Rubiales de Chamorro, quien ahora compartirá el asiento con D’Escoto.
VIOLA CONSTITUCIÓN
Sin embargo, esa movida diplomática de última hora viola la Constitución, dijo ayer Oscar Carrión, asesor para asuntos legales en la Asamblea Nacional.
La Constitución, en su artículo 138, numeral 30, otorga a los diputados la facultad de ratificar los nombramientos del presidente Ortega, para que se consideren firmes.
“Hay que mandar urgentemente una carta firmada por los jefes de bancada y por los diputados demócratas, sin diferencias de partido, a la ONU, en donde se cite literalmente el artículo referido a la necesidad de ratificación que tienen los embajadores nombrados por Ortega para tener validez constitucional, y que en tanto eso no ocurra, no debería admitirse a Miguel D’Escoto como embajador alterno ante Naciones Unidas”, propuso Carrión a través de un correo electrónico.
Los diputados han denunciado que el presidente Ortega ha nombrado a ministros y embajadores sin el aval de la Asamblea Nacional en más de un centenar de ocasiones, violando así la Constitución.
Uno de esos nombramientos sin la ratificación legislativa es el del embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, Francisco Campbell.
En el caso de D’Escoto, indicó Carrión, los excancilleres de los partidos de oposición y los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores deberían informar a los países miembros de la ONU que la designación es inconstitucional, igual que la candidatura de Ortega.
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