Por María José Uriarte, Ludwin Loáisiga, Elizabeth Romero
Sitiados por la Policía Nacional se mantienen los alrededores de la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin que las autoridades del orden público brinden una explicación convincente sobre tal medida, ya que se limitan a expresar que “cumplen órdenes superiores de la primera comisionada Aminta Granera”.
El sector acordonado por vallas metálicas, resguardadas por decenas de efectivos, va desde la rotonda de Metrocentro hasta los semáforos ubicados frente al edificio de la sede central de la Policía Nacional.
También la sede del CSE es custodiada por efectivos de las fuerzas especiales.
Algunos capitalinos que pretendían circular por esa zona se mostraban molestos con la medida, debido a que los miembros de la institución policial les ordenaban por dónde debían circular, aunque de manera discrecional decidían a quién le permitían pasar y a quién no.
Los miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio apostados en los alrededores de la rotonda de Metrocentro circulaban sin ningún obstáculo.
En una clara violación a los derechos consignados en la Constitución, de acuerdo a lo expresado por representantes de organismos de derechos humanos, la Policía Nacional impidió que miembros del Grupo de Abogados Democráticos y ciudadanos llegaran hasta la sede del CSE para interponer un recurso de impugnación contra la ilegal candidatura de Daniel Ortega y la inscripción de la alianza Unida Nicaragua Triunfa, argumentando que no podían pasar porque se trataba de un “perímetro de seguridad”, lo que no ocurrió con empleados del Estado que fueron llevados para cedularse gratuitamente.
NO VALÍAN ARGUMENTOS
Para los efectivos policiales no valieron los argumentos legales, apoyados en la Carta Magna y leyes de la República, que expresaron, además de los afectados, Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quienes coincidieron en que, más que un Estado democrático, pareciera que se impuso un estado de excepción, donde las garantías de los ciudadanos fueron suspendidas.
Meynard también dejó claro que existen ciudadanos de dos categorías al enfatizar que los miembros de la Juventud Sandinista tienen un “permiso” otorgado por la Policía para desarrollar su actividad desde la rotonda El Periodista hasta la rotonda Cristo Rey. En cambio, la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) cuenta con una “recomendación” para desarrollar su marcha.
Al concluir un encuentro entre dirigentes de la UCD y Meynard, en declaraciones que brindaron por separado, la situación quedó más confusa de lo que estaba.
Violeta Granera, miembro de la UCD, aseguró que durante el encuentro con la Policía se había acordado que los buses que trasladarán a los asistentes a la marcha desde el interior del país se ubicarán en una zona de la Carretera a Masaya, que el recorrido solicitado, desde la “Plaza del Fraude” frente al hotel Hilton Princess hasta el CSE, se mantenía y que la Policía garantizaba la seguridad de los asistentes.
Sin embargo, Meynard dijo que “eso no es así”. Aseguró que la zona prevista para que la UCD desarrolle su actividad es desde la rotonda Jean Paul Genie hacia el Club Terraza. “Es el mejor escenario para que las dos actividades se desarrollen sin mayor complicación”.
El jefe policial adelantó que si la sociedad civil insiste en mantener la ruta para llegar hasta el CSE, la Policía tendrá “las medidas oportunas” para garantizar que los dos eventos se den sin complicación.
Meynard atribuyó el cierre de la las calles aledañas al CSE a que “elevaron las medidas de seguridad” para proteger la institución de la presencia de ciudadanos opositores al Gobierno, porque los sandinistas “tienen permiso para permanecer” frente al edificio.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) se unió a los llamados del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), que a través de comunicados y cartas han solicitado al presidente Daniel Ortega “que no promueva actividades que puedan tener como resultado choques entre grupos de la sociedad”.
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Los ciudadanos hicieron algunos intentos por dirigirse al CSE, pero los miembros de la institución policial les salían al paso, insistiendo en que no podían movilizarse por ese perímetro, y en todo momento mantenían comunicación por celular y radio portátil con “superiores” a quienes les informaban sobre la situación. Incluso, antes que llegara la representación del Cenidh uno de los policías le expresó a otro: “Viene Bayardo Izabá”.
POLICÍA IMPIDE IMPUGNACIONES CONTRA ORTEGA
Coincidentemente, ayer iniciaba el proceso de impugnaciones, de acuerdo al calendario electoral, lo que no fue posible por el impedimento policial, al menos para el grupo de ciudadanos que falló en su intento de impugnar al candidato presidencial del partido de Gobierno.
El orteguismo intentará este sábado quitarse la piel de lobo para disfrazarse de cordero. Esa fue prácticamente la orden emitida desde la cúpula del partido a todos los seguidores del presidente Ortega y funcionarios públicos, que están obligados a asistir a la marcha en apoyo a su inconstitucional candidatura.
LOBOS DISFRAZADOS DE CORDEROS
“Está terminantemente prohibido que nos pongamos camisas alusivas al comandante (Ortega) o del partido, y tampoco llevaremos banderas rojinegras, la orden es que llevemos banderas azul y blanco. La idea es demostrar que nosotros también haremos una marcha cívica”, aseveró a LA PRENSA un miembro de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del barrio Larreynaga, que por razones evidentes pidió el anonimato.
Los CPC y trabajadores del Estado obligados a marchar tienen la orden de concentrarse a las 7:00 a.m. en todos los puntos de salida de los autobuses contratados por el Gobierno.
“Nos sancionan si violamos la orden de las camisetas y las banderas, porque será una marcha por la paz”, agregó el simpatizante orteguista, quien luego dejó en evidencia que todo se trata de un show para aparentar lo que no son.
“También hay una orden de los dirigentes de responder con todo a los manifestantes de la derecha. Si nos provocan, los vergueamos (los golpeamos)”, agregó el CPC.
CIUDAD OCUPADA POR EL ORTEGUISMO
La utilización que cada vez con mayor frecuencia hace la Policía Nacional de las vallas metálicas para impedir el paso normal de los ciudadanos en diferentes partes de la ciudad da la impresión de “una ciudad ocupada”, o de que los capitalinos están sometidos a un estado de sitio con toque de queda debido a un estado de emergencia, aseguró la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia.
“El toque de queda es cuando ya no podés pasar ni podés moverte”, aclaró Núñez, quien puso de ejemplo que en los alrededores de la residencia del presidente Ortega, por donde está ubicado el local del Cenidh, después de las 9:00 p.m. no pueden pasar por donde se ubican las vallas y tienen que bordear el sector aledaño, lo que viola la libertad de circulación de la población.
Las vallas metálicas son colocadas a discreción policial en los sitios donde pretende establecer zona de seguridad.
ADVERTENCIA POLICIAL
El hecho de que la Policía colocara vallas metálicas desde la noche del miércoles desde la rotonda Rubén Darío hasta los semáforos de la sede central policial, perímetro donde está el Consejo Supremo Electoral (CSE), Núñez estimó que podría significar un anuncio a la ciudadanía para que no marche el sábado a ese lugar.
“Y es una forma de atemorizar y de anunciar una especie de prohibición, pues saben que el objetivo es reclamar frente al CSE”, expresó la defensora de derechos humanos.
Sin embargo, dijo Núñez, los marchistas le han comunicado que no desisten de concluir la marcha frente al CSE pese a la colocación de las vallas metálicas, pues tienen el derecho a manifestación y de expresión.
A Núñez las vallas metálicas le trajeron a la memoria las grandes extensiones de terrenos con alambradas después del terremoto de 1972.
“Ahora donde vas hay obstáculos, eso de viaje se ve que no es una ciudad tranquila, no es un país tranquilo. ¿A qué le teme Daniel Ortega? Esa es una demostración de miedo (… ), le tienen miedo a su propio miedo. El pueblo de Nicaragua ha demostrado ser un pueblo cívico, aquí no hay levantamientos, estallido social para que Daniel Ortega tenga miedo”, dijo Núñez, quien también se preguntó: “¿Será que esconde algo? (…) Es un miedo irracional de mentes enfermizas”.
Por su parte, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, dijo ayer en la Asamblea Nacional que la rotonda Rubén Darío podría quedar cerrada hasta después de las marchas del sábado, que protagonizarán los opositores y los partidarios del presidente Ortega.
“Se hacen todos los planes para garantizar la seguridad a todos los que marchan, tanto a los que caminen como a los que marchen. Ahorita está cerrado (el tráfico en la rotonda Rubén Darío) porque se toman una serie de medidas, precisamente para garantizar la seguridad de lo del sábado. Estamos tomando las medidas, queremos ver si lo abrimos o si lo cerramos hasta el sábado”, indicó Morales.
MTI AMENAZA A TRANSPORTISTA
Morales añadió que la Policía Nacional protegerá a los dos grupos de manifestantes, aunque diferenció “la caminata por la paz” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que respalda a Ortega, de “la marcha política que es organizada por partidos y organismos políticos”.
El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) por Carazo, Wilber López, denunció que la delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en ese departamento amenazó a los transportistas que prestarán sus servicios a favor de la marcha de las organizaciones civiles.
Según López, si los transportistas traen a la gente de Carazo a Managua el sábado para protestar contra Ortega, serán sancionados por seis meses.
López aseguró que las personas buscarán la manera de viajar desde Carazo hasta Managua el sábado.
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