La Policía Nacional dice desconocer sobre el caso, el Ministerio Público por su parte aduce esperar los oficios de la Policía o la Contraloría, y esta ya replicó que tiene una competencia limitada para conocer sobre este caso.
Este escenario sintetiza el grado de desinterés de estas instituciones del Estado en profundizar sobre la viciada contratación por parte del Aeropuerto Augusto C. Sandino de la empresa de maletín Empreconsa, la cual fue favorecida con una compra por casi un millón de dólares.
Ayer el fiscal general Julio Centeno Gómez envió una carta a LA PRENSA en la que dejó claro dos cosas, una de las cuales es su censura a este medio de comunicación.
Dicha censura se traduce en no atender las consultas de LA PRENSA debido a la posturas críticas de este diario sobre la pasividad del Ministerio Público en casos como Empreconsa y otros.
“Al Ministerio Público no ha llegado ninguna información policial o de la Contraloría General de la República, órganos preventivos de investigación para su debido procesamiento sobre el caso que ustedes publicitan”, objetó Centeno Gómez en la carta.
- El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, expresó que espera que la Contraloría General de la República actúe con firmeza ante los evidentes vicios detrás de la firma del contrato de maletín Empreconsa con el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua.
La Contraloría no tiene necesidad de profundizar en si la empresa fue fabricada para precisamente dar este golpe al Estado. Basta y es suficiente verificar si los procedimientos de contratación fueron los apropiados, si se actuó con apego a la ley de contrataciones del Estado. Lógicamente veo muy difícil que puedan encontrar apego a la legalidad en este proceso, agregó.
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La misiva completa de Centeno está publicada en la sección de Opinión de la edición de hoy. Sin embargo, sus argumentos contradicen lo establecido por la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual deja abierta la posibilidad que se inicie una investigación de oficio por parte de esta institución.
Entre las atribuciones de la Fiscalía, señaladas en el artículo ocho de la Ley, se cita: “La investigación y persecución de los Delitos de Acción Pública se promoverán, de oficio o a instancia de parte, por el Fiscal General de la República o el Adjunto en su caso, o bien por los Fiscales Departamentales, Regionales, Auxiliares o por los Fiscales Especiales”.
LA POLICÍA DESCONOCE
La Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, comisionada mayor Glenda Zavala, refirió ayer que no han mandado ningún oficio sobre el caso Empreconsa a la Fiscalía porque no han recibido ninguna denuncia al respecto.
“Desconozco de ese caso. No hemos recibido ninguna denuncia sobre eso”, respondió la comisionada mayor Zavala al ser consultada ayer.
La Contraloría General de la República (CGR) por medio de su presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, ha expresado que esta entidad fiscalizadora de los recursos del Estado no puede intervenir en el proceso.
Esto porque las recientes reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, promovida con fuerza por la Contraloría, establecen actualmente que los controles sobre las contrataciones del Estado son posteriores a su firma.
Esto, según explicó Argüello Poessy, determina que sólo podrán conocer del contrato hasta que el Aeropuerto Augusto C. Sandino lo envíe al ente fiscalizador. Luego la Contraloría analizará si los procedimientos administrativos para la firma del contrato se cumplieron y si la compra finalmente se concretó.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado del PLC José Pallais, explicó ayer que el Ministerio Público no puede alegar no haber recibido notificación u oficio de parte de la CGR o la Policía para no iniciar una investigación de oficio.
“El Ministerio Público puede intervenir de oficio o en base a la denuncia de cualquier ciudadano. No tiene por qué esperar una resolución de la Contraloría, pues hay libertad probatoria en todos los juicios por corrupción o de los delitos propios de los funcionarios públicos. No es un requisito el dictamen de la Contraloría” opinó primeramente Pallais.
“Lo que debería hacer el Ministerio Público es mandar a investigar, como se manda a investigar todos los delitos, orientando a la Policía Nacional para que abra una investigación o incluso oficiando a la Contraloría para que la auxilie o la apoye en determinadas cuestiones técnicas” agregó.
Empreconsa fue conformado usurpando los nombres y números de cédula de identidad de tres ciudadanos.
En noviembre del año pasado fue favorecida con un turbio contrato por casi un millón de dólares por parte de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).
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