Por Gisella Canales, Octavio Enríquez y Elizabeth Romero
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió públicamente al presidente Daniel Ortega que oriente cambiar la hora de la “contramarcha” que realizarán sus simpatizantes el próximo sábado.
Luego que organizaciones de la sociedad civil anunciaran que marcharán hacia el Consejo Supremo Electoral (CSE) el próximo sábado, en repudio al inconstitucional intento de reelección de Ortega, simpatizantes del gobierno anunciaron una “contramarcha” el mismo día, que coincidiría con la primera manifestación.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, recordó que Ortega atendió el llamado que hizo la empresa privada el 17 de noviembre de 2009, para que cambiara la hora de una manifestación orteguista que coincidiría con la multitudinaria marcha que se realizó el 21 de noviembre de ese año en repudio al fraude electoral.
“Nosotros tenemos, a través de la Constitución el derecho a la manifestación pública”, dijo Aguerri, quien agregó que haría la solicitud de manera formal mediante una misiva.
“Que el presidente de la República evite que se den dos marchas que puedan encontrarse en algún momento durante el proceso de las mismas… Que no haya la más mínima posibilidad de que se pueda dar un elemento, un hecho que lamentar”, añadió.
MAGISTRADO JUSTIFICA A LAS TURBAS
Después de justificar las agresiones de las turbas orteguistas contra la oposición, las que llamó un asunto espontáneo de la sociedad, el magistrado orteguista de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, se pronunció a favor de que se realicen las marchas el próximo 2 de abril, pero abogó porque no tengan el mismo recorrido.
“Pienso que la libertad de manifestarse públicamente se ha venido ejerciendo públicamente en Nicaragua de manera totalmente libre”, dijo Rosales en defensa del gobierno de Daniel Ortega.
“Si hay una marcha en contra de la candidatura del presidente, es normal que se desarrolle con los permisos debidos. Para eso está la Policía que ordena los permisos del caso. Pero si hay otra marcha de modo paralelo, también se puede realizar. Lo que no podemos es (permitir) el mismo recorrido para que las dos marchas se encuentren. De tal manera que existan las dos manifestaciones con recorrido diferente, no tiene nada malo”, dijo el magistrado.
Rosales ofreció ayer una conferencia de prensa para exponer su posición oficial sobre su participación el 25 de marzo en un foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde fue a defender al gobierno de Ortega.
Según el magistrado, la posición del Gobierno de Nicaragua fue “excelente” y no mereció ningún tipo de cuestionamiento de la CIDH, que escuchó durante esa misma comparecencia al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“La Comisión Interamericana no hizo ninguna pregunta. La única pregunta es si había en Nicaragua control del gasto en materia de elecciones y respondí textualmente ‘no existe control del gasto, pagamos por votos obtenidos’, los partidos piden reembolso al CSE”, explicó.
El objetivo de Rosales al mencionar este punto quedó claro de inmediato cuando aseguró que él entregó certificaciones de los reembolsos solicitados por la oposición, en las pasadas elecciones municipales, con lo que dice haber demostrado que, para cobrar el dinero, las autoridades del CSE no son de facto como cuestionan los partidos.
Rosales volvió a defender el estado de facto impuesto por el partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN), así como la candidatura ilegal del presidente Ortega, la que considera válida porque los magistrados orteguistas en la Corte defendieron “el derecho a la igualdad”.
Se preguntó por qué no podía reelegirse Ortega si en el Estado hacen lo mismo los contralores, magistrados y diputados. Recordó el caso del presidente de Costa Rica, Oscar Arias; de Álvaro Uribe, de Colombia, y hasta mencionó a Ted Kennedy, quien fue senador por muchos años en Estados Unidos.
“Recuerden que hace poco se murió Kennedy y fue 52 años senador de los Estados Unidos, porque es Kennedy puede reelegirse y no chico de los palotes en Nicaragua”, cuestionó.
Los Kennedy estuvieron en la mira de Rosales durante su intervención de ayer y hasta habló de los supuestos compromisos de esa familia con la mafia.
Rosales dijo que no hubo evidencias para demostrar que había una política de Estado que impidiera las protestas de la oposición.
“La evidencia que mostraron es que llevaban cargado a Jairo Contreras (miembro de la Red de Resistencia Juvenil) y yo respondí: ‘señores de la CIDH se habla de fuerzas de choque y al señor Contreras lo llevan cargado en los brazos’. En Pittsburgh, cuando se reunió el grupo de los 20, con amanzalocos los masacraron. No escuché por ningún lado al Cenidh, a la Comisión Interamericana. No hubo ningún herido. ¿Tiene algún chichote Jairo Contreras? No tiene nada. ¿Obedece esto a una política de Estado? ¿Hay una política de Estado de entorpecer que alguien se manifieste en Nicaragua? No existe. Que ustedes decidan no dejar hablar a nadie, es un problema de la sociedad. Que espontáneamente llegó un grupo es un asunto de la sociedad”, dijo Rosales quien se quejó de los medios de comunicación independientes.
“Los medios dicen lo que quieren, porque el papel aguanta lo que quiere”, sostuvo.
“¿PARA QUÉ MARCHA?”
El procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, arremetió ayer contra el gobierno de Estados Unidos y su embajador en Managua, Robert Callahan, al asegurar que financia a la sociedad civil para desestabilizar el país. Luego demandó “que saquen a Callahan”.
El procurador, que ocupa el cargo de facto porque ya se le venció el período, criticó que los candidatos para las próximas elecciones que ya se inscribieron en el poder electoral estén planeando hacer una marcha.
“Protestar ¿contra qué?”, objetó Cabezas. “Como ellos andan buscando cómo fregar, andan buscando cómo armar alboroto”, añadió.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
