Sin explicación sobre la secuencia de un vídeo donde los grupos de choque orteguistas rodean a cuatro miembros de Rejudin, frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), en fechas recientes, se quedó el magistrado orteguista del Poder Judicial, Francisco Rosales, quien solo alegó que no es política del Estado fomentar esos grupos, “son cuestiones espontáneas que surgen (…) eso pasa en todos los países del mundo” .
Esta fue la aseveración poco convincente de Rosales durante la 141 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos miembros cuestionaron a la representación oficial sobre las medidas del Estado para permitir las protestas de la oposición.
- El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) también asistió a la 141 sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una visita al país de una delegación, para que conozcan la situación que viven las niñas y mujeres nicaragüenses.
La representante del MAM, Azahálea Solís, dijo que la desigualdad existente entre hombres y mujeres ha provocado en los últimos años las muertes de mujeres por hombres cercanos a ellas. Esto evidencia la condescendencia del sistema judicial hacia los agresores.
[/doap_box]
Las consultas efectuadas por los comisionados Felipe González, María Silva y la relatora de libertad de expresión Catalina Botero, estuvieron encaminadas en conocer los argumentos de la representación del Estado sobre las medidas que adoptan para permitir el derecho a manifestarse en Nicaragua, ¿Dónde estaban las instituciones del Estado? ¿cuáles son las garantías concretas del Estado de Nicaragua para proteger a las personas que piensan distinto y tienen todo el derecho a manifestarse públicamente? si hay personas judicializadas por esos hechos de violencia, entre otros.
“Yo realmente quisiera manifestar mi preocupación porque realmente veo un grave deterioro de la institucionalidad del Estado, ese vídeo que se presentó y en el cual aparecen esos cuatro jóvenes expresando su descontento con lo que está pasando y la reacción que hay de unos activistas políticos, y la ausencia de institucionalidad que se ve”, manifestó Silva.
“Para eso está el Ministerio de Gobernación, está la Policía que dirige el orden público, nosotros definitivamente no podemos apuntarnos al caos y a la desestabilización”, dijo de forma incoherente Rosales. Al tiempo que buscaba una salida ofreciendo que sobre el gasto público dijo que le hará llegar la certificación de los partidos que reclamaron el reembolso de su gasto electoral en las elecciones pasadas.
“No hubo voluntad de responder a la consulta”, dijo Ana Quiroz, quien observó la audiencia a través de una videoconferencia. La pregunta fue sobre el control de los gastos del Estado para que no sean utilizados en la campaña de Ortega, lo que a criterio de Quiroz, eso se ve en lo que sucede actualmente con los 3.5 millones de córdobas desviados en la Alcaldía de Managua, para el pago de rezadores en la rotonda.
Anteriormente la representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de su presidenta Vilma Núñez y Mauro Ampié, habían efectuado una radiografía de la situación del país donde expresaron que se violentan los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.
“…se pretende acallar con una millonaria campaña de luces, canciones, fotografías inmensas que revelan el culto a la personalidad y que se pagan con los bienes del Estado”, denunció Núñez.
La presidenta del Cenidh dijo que en su afán de imponer la inconstitucional candidatura Ortega ha obligado la permanencia de autoridades de facto, por lo que ha pretendido acallar las voces que reclaman unas elecciones apegadas a derecho y ha profundizado la confusión Estado-partido, característica de este Gobierno.
Mencionó cómo las instituciones públicas han estado llenas de propaganda partidaria y cómo obligan a los empleados estatales a participar en la campaña partidaria.
SIN VISITA
Una vez más el Cenidh demandó una visita in situ de la CIDH a Nicaragua en el menor plazo posible, pero una vez más el planteamiento fue evadido.
La posición de ellos es de que Nicaragua es un Estado isla, dijo Núñez, quien estimó que Rosales llegó únicamente a justificar la reelección de Ortega, que repitió el discurso que ya ha efectuado en Nicaragua.
Con esto demostraron ignorancia y desinformación, indicó Núñez.
“El colmo es que el doctor Rosales dijo que compartía la preocupación de la doctora Catalina Botero, que criticó fuertemente lo que había ocurrido con los muchachos de Rejudin”, dijo Núñez.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
