Aunque el Consejo Supremo Electoral (CSE) no se pronunció oficialmente sobre la publicación anticipada de la lista provisional de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República en La Gaceta del pasado 18 de marzo, un funcionario del Poder Electoral restó importancia a esa situación alegando que no tiene ningún efecto legal ni se violentó la legislación de la materia.
El jurista Gabriel Álvarez admite que esa publicación no afectará en lo legal a los candidatos, pero afirma que el CSE dejó en evidencia, con esa acción, que actúa al margen de la ley.
La publicación preliminar en La Gaceta es “totalmente inocua, no produce ningún beneficio ni perjuicio”, pero sí alimenta suspicacias, tomando en cuenta la falta de credibilidad del Poder Electoral, al actuar de forma antojadiza, a lo que se suma que una de las candidaturas es prohibida por un artículo constitucional, explicó Álvarez.
Cuando el presidente Daniel Ortega llegó al CSE a inscribirse como candidato, a las 6:00 de la tarde del 18 de marzo, en el diario oficial La Gaceta de ese día ya estaba publicada su inscripción.
ABSOLUTO CUMPLIMIENTO
Álvarez dijo que la resolución en que se aprobó el calendario electoral tiene un carácter normativo y no simplemente fue aprobado para organizar una sucesión de fechas de actividades propias del proceso, porque se vinculan las partes, que son los contendientes y la propia autoridad electoral.
El cumplimiento de esa norma se basa en el principio de inderogabilidad singular de las normas administrativas, por lo que no puede variarse lo establecido en ella.
“No pueden incumplirse en el caso particular, ni siquiera por una autoridad superior del que dictó el reglamento; entonces este principio obliga a toda autoridad administrativa a respetar sus propias normas”, afirmó el jurista, indicando que el CSE debe cumplir estrictamente lo estipulado en el calendario electoral.
Comentó que la publicación preliminar en La Gaceta no debe interpretarse jurídicamente como una alteración del calendario electoral o como que se cumplieron anticipadamente todas las actividades previstas hasta el 7 de abril, cuando se realizará la publicación definitiva de candidatos a presidente y vicepresidente de la República en La Gaceta y diarios de circulación nacional.
“Los partidos, alianzas electoral y todos los nicaragüenses debemos seguir creyendo y actuando como si el calendario electoral mantiene su plena vigencia, en todas y cada una de sus actividades o fases”, sugirió Álvarez.
LA JUSTIFICACIÓN
El funcionario electoral, que pidió el anonimato, dijo ayer a LA PRENSA que si todos los candidatos presidenciales ya se habían inscrito, de acuerdo a lo contemplado en el calendario electoral, no había razón para que se esperase a que concluyera el período establecido hasta la medianoche del 18 de marzo, por lo que no era obligatorio cumplir con esa premisa.
Sobre la publicación en La Gaceta de la resolución del cuerpo colegiado del CSE, aprobada a las 7 y 30 de la noche de ese día, hora y media después que el presidente Ortega inscribió su ilegal candidatura, el funcionario argumentó que La Gaceta lleva un día de retraso, por lo que si se emitió el viernes, no fue sino hasta el lunes 21 de marzo que se conoció oficialmente.
En el calendario electoral la publicación definitiva en La Gaceta está fijada para el 7 de abril, y el artículo 85 de la Ley Electoral señala que el CSE, al inscribir y registrar de manera definitiva a los candidatos, publicará la lista en los principales medios escritos, para que se proceda en el tercer día a las impugnaciones correspondientes.
La fuente electoral defendió la publicación en La Gaceta, afirmando que es un medio escrito de circulación nacional, aunque no todos los nicaragüenses tienen acceso a ella y su valor es de 45 córdobas.
“Quizás no tenga la proyección que tiene un medio de comunicación, pero es un medio público”, dijo el funcionario.
Para el diputado liberal Wilfredo Navarro, el incumplimiento del CSE a la Ley Electoral, al publicar en La Gaceta y no en los medios escritos nacionales, puede tener también el trasfondo de no querer pautar publicidad en los periódicos, por las investigaciones que han hecho estos sobre los actos de corrupción y abusos de funcionarios del Poder Electoral.
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