No cabe ninguna duda de que el general retirado Omar Halleslevens, tiene derecho de ser candidato vicepresidencial por el FSLN así como aspirar al ejercicio de cualquier otro cargo público de elección popular.
La Constitución Política de Nicaragua dice en su artículo 94, que: “Los miembros del Ejército y de la Policía Nacional no podrán desarrollar actividades políticas ni desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas. Tampoco podrán optar a cargos públicos de elección popular, si no hubieran renunciado de su calidad militar o de policía en servicio activo por lo menos un año antes de las elecciones en las que pretenda participar”.
Como se puede apreciar, la Constitución dice que los militares y policías deben renunciar al servicio castrense y policial para poder optar a cargos de elección popular, pero no menciona expresamente a los que han pasado a retiro. Sin embargo es obvio que la citada norma constitucional también los incluye, pues de lo que se trata es que debe de haber pasado al menos un año después de prestar el servicio militar o policial, para tener derecho a pretender un cargo de elección popular. En este orden cabe recordar el caso del igualmente general retirado Joaquín Cuadra Lacayo, quien fuera comandante en jefe del Ejército durante el quinquenio de 1995 a 2000, pasó a retiro en febrero del año 2000 y fue candidato presidencial en las elecciones de noviembre de 2001.
De manera que no hay ningún problema legal con que el general retirado Halleslevens sea candidato a la Vicepresidencia del país. Lo cuestionable e impugnable es su complicidad con Daniel Ortega, quien sí está cometiendo una grave ilegalidad, inclusive un atropello constitucional, al solicitar la inscripción de su candidatura a otra reelección presidencial a pesar de que lo tiene prohibido expresamente por el artículo 147 de la Constitución, amparándose en una falsa sentencia judicial que por lo tanto carece de validez.
En Nicaragua se ha demostrado hasta la saciedad y seguramente se demostrará también en instancias jurídicas internacionales, que la Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional. Y que, por lo tanto, la supuesta resolución dictada en octubre de 2009 por seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, con la pretensión de modificar de hecho el artículo 147 constitucional para que Ortega se pueda reelegir otra vez, es nula absolutamente y viola expresamente los artículos 147, 160, 165, 182, 183, 191 y 194 de la Constitución, que se refieren a la no reelección presidencial, al principio de legalidad, a la obediencia absoluta que los magistrados le deben a la Constitución, a la invalidez de toda ley, disposición o resolución que se oponga a la norma constitucional y al derecho exclusivo de la Asamblea Nacional para aprobar las reformas constitucionales.
De modo que no es el hecho de ser general retirado y haber sido comandante en jefe del Ejército lo que descalifica a Omar Halleslevens, sino su complicidad con ese paquete de delitos contra la Constitución.
Por otra parte, tampoco es por haber designado al militar sandinista Omar Halleslevens, como su candidato vicepresidencial, que Daniel Ortega está atentando contra la institucionalidad, el profesionalismo y el apartidismo del Ejército, que son normas supremas establecidas en los artículos 94 y 95 de la Constitución. Y tampoco es por la asociación con el general retirado Halleslevens para imponer su pretendida reelección presidencial inconstitucional, que Daniel Ortega amenaza con restablecer la dictadura militarista que él mismo encabezó durante los sangrientos años ochenta del siglo pasado. La reelección presidencial ilegal e ilegítima de Daniel Ortega es un proyecto perverso contra la libertad, la democracia y la paz de Nicaragua, independientemente de quién lo acompañe como candidato vicepresidencial o como vicepresidente, ya sea un socialcristiano, un liberal constitucionalista o un militar sandinista retirado.
Lo que es obvio en el nombramiento de Halleslevens, que ha hecho Daniel Ortega, es su mensaje de que ahora que ya controla todos los poderes públicos, gracias al pacto con Arnoldo Alemán, no necesita más tontos útiles como compañeros de fórmula. Y que si logra su propósito de seguir en el poder el siguiente período presidencial, va a ejercer su dictadura con un tinte claramente partidista, reforzada con la participación intimidante de cuadros militares, policiales y de seguridad del Estado pertenecientes a la vieja guardia sandinista represiva. Pero su Ortega cree que de ese modo podrá detentar el poder para siempre, una vez más se está equivocando.
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