CORRESPONSAL/MATAGALPA
Tiempo y distancia fueron los factores por los que Martín Ordeñana Lúquez dejó los trámites que había iniciado para renovar la licencia de portación de un arma de fuego, la cual le fue ocupada por las autoridades policiales de Matagalpa que llevan varias semanas ejecutando un plan de verificación y ocupación de armas ilegales en el territorio.
Ordeñana dice que empezó los trámites para la renovación de la portación en septiembre pasado.
Residente en el municipio de Matiguás, el productor tuvo que pagar nuevamente por todos los documentos requeridos para la renovación de armas, enumerando: “150 córdobas por una constancia, 30 córdobas por un récord policial, 500 córdobas por una charla que le dan a uno, 300 córdobas por un examen sicológico y un montón de papeles que andamos aquí”.
Ordeñana confía en que podrá recuperar el arma una vez actualizados sus datos ante la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) de la Policía, sin embargo esa entidad abrirá un proceso administrativo tras el cual tendría que pagar una multa por infracciones a la Ley 510, Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
OPERATIVOS CONSTANTES
En las últimas tres semanas la Policía ha ocupado 180 armas de fuego durante la ejecución del llamado Plan Impacto en los 15 municipios que atiende la unidad departamental en Matagalpa, incluyendo a Paiwas, en la Región Autónoma Atlántico Sur, y Waslala en la Región Autónoma Atlántico Norte.
De acuerdo con la Policía, en los 15 municipios están registradas alrededor de 15 mil armas de fuego, las cuales están en manos de casi 12 mil civiles. Aproximadamente seis mil 500 licencias de portación de esas armas están vencidas.
“Seguimos trabajando en este plan en todos los municipios para, de esta manera, lograr la seguridad en el departamento”, afirmó el comisionado mayor Douglas Juárez, segundo jefe departamental del Área Operativa de la Policía en Matagalpa.
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