Los funcionarios venezolanos que forman parte de la sociedad que constituyó Alba de Nicaragua (Albanisa) estarían violando la misma Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela al ser socios propietarios de una empresa que funciona bajo un régimen de carácter privado, pero a la vez mantiene operaciones comerciales con una empresa estatal, como es Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los funcionarios públicos venezolanos que conforman la junta directiva de Albanisa son Asdrúbal Chávez Jiménez (primo del presidente Hugo Chávez Frías), presidente de PDV Caribe y presidente de la junta directiva de Albanisa.
Además de Chávez Jiménez, los otros venezolanos que forman parte de la junta directiva de Albanisa son Fernando Valera Ventura, representante de PDV Caribe; Eulogio del Pino, representante de PDV Caribe; Alfredo José Calderón, representante de PDV Caribe y Enrique García Lorenzo, representante de PDV Caribe.
LA PRENSA consultó al congresista venezolano y coordinador nacional de la organización Primero Justicia, Julio Borges, sobre lo que plantean las leyes de su país sobre casos como el de estos funcionarios públicos.
- Los funcionarios públicos nicaragüenses que aparecen como socios propietarios de Albanisa son José Francisco López, presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) y vicepresidente de la Junta Directiva de Albanisa.
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En primer lugar, de acuerdo con el análisis del congresista opositor, los funcionarios estarían violentando la Constitución Política de Venezuela.
En su artículo 145 esta establece: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro, salvo las excepciones que establezca la ley”.
Estos funcionarios son socios de una empresa que opera bajo un esquema autorizado por los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez Frías.
Este esquema concesional es nada más que el establecido en el acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua, por el cual el 50 por ciento de la factura petrolera debe pagarse a un plazo de 90 días, mientras el otro 50 por ciento se convierte en un crédito a 23 años de plazo con dos años de gracia y dos por ciento de interés anual, que es manejado de forma discrecional por el gobierno orteguista a través de mecanismos privados, como Albanisa y la “cooperativa” Caruna (Caja Rural Nacional).
PDVSA FINANCIA CLIENTELISMO DE CHÁVEZ
El Estado venezolano es el propietario de PDVSA, cuyas millonarias utilidades son usadas para financiar el clientelismo político de Chávez en toda la región latinoamericana.
Esto implicaría que los funcionarios públicos venezolanos y socios propietarios de Albanisa estarían haciendo negocios con una empresa estatal venezolana, que en este caso, sería PDVSA.
“Analizado el articulado previamente desarrollado se concluye que los funcionarios públicos venezolanos en cualquiera de sus niveles (nacional, estatal o municipal) no pueden hacer contrataciones con el Estado venezolano, ya sea de forma directa o indirecta (empresas, asociaciones civiles o mercantiles de su propiedad). Lo que debería verificarse en el convenio es si la empresa contrata con la República de Nicaragua o con la República Bolivariana de Venezuela, para que dicha prohibición sea aplicada o no”, explica el congresista Borges, vía correo electrónico.
Recientemente el semanario Confidencial y el programa televisivo Esta Semana llevaron a cabo una investigación periodística que reveló las múltiples irregularidades en el manejo de las cuentas de esa empresa, la cual cuenta con activos de hasta 290 millones de dólares.
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