La Alcaldía de Managua y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma) nuevamente están en el banquillo de los acusados. Esta vez las denuncias por el uso de los bienes municipales para la campaña de la inconstitucional reelección del presidente Daniel Ortega y por malos manejos en la entrega de concesiones de taxis llegaron hasta la Dirección de Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República (CGR).
“Exigimos que se investigue la utilización de los impuestos de los managuas en la comuna capitalina para proselitismo político y la campaña de FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)… El ente fiscalizador está obligado a investigar los hechos”, dice la denuncia del concejal liberal y vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller, quien además recordó que las contrataciones en la Alcaldía se ejecutan sin tomar en cuenta al comité de licitaciones.
Entre el 2009 y el 2010, la comuna adjudicó unos 300 proyectos, pero el comité de licitaciones solo fue citado en tres ocasiones.
La administración municipal ha defendido la transparencia en las obras, aunque no muestra pruebas.
La regulación del transporte selectivo es otro de los temas por los que también deberá responder la comuna, según la denuncia interpuesta ante la CGR.
“Ya hay una denuncia en la Fiscalía, desde hace varias semanas, pero aun así las anomalías persisten. Oficialmente, las multas oscilan entre los 100 y 300 córdobas, pero aquí hay una multa de cuatro mil córdobas, algo que está en contra de todas las leyes”, denunció Edgard Solís Oporta, el taxista multado con cuatro mil córdobas por andar el permiso de operación vencido y uno de los que ayer asistió a la CGR para soportar la denuncia.
El gremio de taxistas también reclama porque el Irtramma no entrega los permisos de operación y no hace pública la lista de concesionarios, como establece la Ley de transporte terrestre.
TAMBIÉN CONTRA EL CSE
La denuncia interpuesta por Teller también incluye una solicitud de investigación “inmediata, exhaustiva y efectiva en esa institución del Estado”, refiriéndose al Consejo Supremo Electoral (CSE). Según él, la CGR debería publicar la declaratoria de probidad de Roberto Rivas, presidente de facto del CSE.
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