Aunque el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, afirmó que Alba-Caruna no tiene autorización para fungir como un banco de segundo piso, en la práctica esta cooperativa lo está haciendo, amparada en los privilegios que las instituciones públicas le facilitan para que extienda sus negocios.
Rosales aseguró que esta cooperativa no puede funcionar como intermediaria de crédito porque no cuenta con aval de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para captar depósitos del público. Sin embargo, este es uno de los servicios que Alba-Caruna ofrece y brinda a sus clientes.
Como parte de la expansión de sus negocios en el país, Alba-Caruna ha comenzado a incursionar como fondeador privado de las microfinancieras.
ALBA-CARUNACONTRAVIENE LA NORMA
“No tiene capacidad de captar (ahorros) porque ninguno de nosotros puede ir a depositar dinero a Caruna”, afirmó Rosales.
Agregó: “O sea (no pueden) los ciudadanos, las empresas ir a depositar en cuentas de ahorro, en depósitos a plazo fijo o en cuenta corriente o chequeras en esa entidad, Caruna no goza de esa facultad”.
Pero todos estos servicios sí los ofrece la cooperativa que administra los fondos de la cooperación de Venezuela, los cuales son usados de manera discrecional por el Gobierno de Daniel Ortega.
En su sitio oficial de internet, donde sigue apareciendo con la figura de Cooperativa de Ahorro y Crédito (Caruna), esta ofrece entre sus servicios el ahorro en diferentes modalidades: escolar, ahorro navideño, ahorro ordinario en córdobas y dólares, así como depósito a plazo fijo. Todos estos, por supuesto, ganan intereses.
Este año Alba-Caruna tendrá capacidad de canalizar 8,700 millones de córdobas a través de programas de préstamos directos a los sectores agropecuarios y de comercio, además de financiar programas gubernamentales y ampliar su participación entre las microfinancieras.
NO ES BANCO DE SEGUNDO PISO, PERO PUEDE FONDEAR
Al ser consultado por LA PRENSA sobre el sustento legal de Alba-Caruna en la colocación de fondos a las microfinancieras, el presidente del BCN insistió en que no se le puede considerar por este actuar como un banco de segundo piso.
“No existe en Nicaragua autorización para que ninguna entidad que no sea un banco autorizado pueda captar depósitos del público, que es el rasgo que caracteriza a las entidades conocidas como intermediadoras de crédito”, aseguró.
No obstante, a pesar de que Rosales trató de limitar el ámbito en el que puede operar Alba-Caruna, entró en contradicción, pues dijo que esta no tiene prohibido precisamente fondear con recursos a las microfinancieras.
El concepto que usó para intentar justificar la intervención que está realizando Alba-Caruna en las microfinancieras es que “fondear debe entenderse como la colocación de recursos financieros, que cualquiera que los tenga perfectamente puede colocarlos en entidades privadas, personas naturales o jurídicas”.
Pero el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Alfredo Alaniz, refutó este argumento, al indicar que el dinero que Alba-Caruna está proveyendo a las microfinancieras es bajo el mismo procedimiento con el que actúan los tradicionales acreedores externos de este sector.
Por tanto, afirmó el directivo de Asomif, no puede pretenderse justificar que Alba-Caruna no esté actuando como banco de segundo piso.
Para Alaniz “la anomalía” existente con la actuación de esta cooperativa es que ha permitido la colocación de fondos de una empresa privada como son las que conforman Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), violentando la Ley General de Cooperativas, que la limita a que los recursos únicamente deben provenir de sus asociados.
ALBANEGOCIOS APROVECHA VACÍO DE LA LEY DE COOPERATIVAS
Para Alaniz, Alba-Caruna está aprovechando el vacío legal existente en la Ley General de Cooperativas, por cuanto asegura que “no hay claridad en la separación de la intervención que pueden hacer estas entidades en la colocación de préstamos, por cuanto no aclara que únicamente lo pueden hacer con quienes son sus socios”.
Por ello, Asomif insiste en la urgencia de que exista un marco regulatorio que fije las reglas sobre todas las entidades que deben operar en la colocación de microcréditos en Nicaragua.
Sobre la Ley de Fomento al Microcrédito, el presidente del BCN insistió en que será elaborada en consenso entre todos los sectores, como son las microfinancieras, los bancos, organizaciones de las pequeñas y medianas empresas y el Gobierno.
Aunque negó que detrás de dicha ley esté el interés de beneficiar con un marco legal la intervención de Alba-Caruna. “Su objetivo es que las entidades financieras, incluidos bancos, coloquen más recursos”, dijo Rosales.
“No puede ser una ley que beneficie a un sector o a una entidad, porque entonces no cumpliría el objetivo que se persigue, que es elevar a una norma de carácter legal la realidad que caracteriza a una sociedad”, sostuvo el presidente del BCN.
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