El Gobierno de Nicaragua presentará esta semana a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) una propuesta sobre lo que ha llamado una Ley Especial de Fomento al Microcrédito, la cual va a sustituir a la Ley de Microfinanzas que estaba discutiéndose en la Asamblea Nacional.
Este cambio repentino, para el diputado liberal y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Freddy Torres, “es motivo para que se esté pendiente de qué se está pretendiendo crear” como Ley.
Torres dice tener información de que detrás estaría la intención del Gobierno de “crear un monopolio que favorezca a Alba Caruna”, la cooperativa de ahorro y crédito que maneja fondos provenientes de la cooperación de Venezuela.
Estos fondos los manejan de forma discrecional el presidente Daniel Ortega.
“Hay millones de dólares colocados en los bancos (nacionales) que salen de esa disque cooperación de Venezuela, pero no son grandes los intereses que ganan, y Caruna es la opción que tienen para hacer que ese dinero les sea más rentable”, dice Torres.
Precisamente, el Sistema Financiero Nacional reporta una alta liquidez de recursos al disponer de 3,399.5 millones de dólares en depósitos. Es la cifra que reporta el Banco Central de Nicaragua al 22 de febrero del 2011.
Esta concentración de capital en los depósitos repunta a partir de junio de 2009. Según análisis del economista Adolfo Acevedo, detrás de este gran incremento en los depósitos ha estado, fundamentalmente, la colocación, en cuentas de depósito en moneda extranjera, de parte considerable del flujo de cooperación de la República de Venezuela.
El Informe de la Cooperación Oficial Externa del BCN recoge que los flujos de la cooperación venezolana durante el primer semestre de 2010 ascendieron a 351 millones de dólares, de los cuales 333 millones fueron bajo el marco de la ayuda establecida en el Acuerdo de cooperación energética Petrocaribe.
“AQUÍ QUIEREN OTRO NEGOCIAZO”
El diputado Torres dice que “hay gato encerrado” en el hecho de que se haya mandado a detener la discusión de la Ley de Microfinanzas, y ahora el Gobierno vaya a presentar una propuesta de ley distinta enfocada en el microcrédito.
Y es que la nueva propuesta sobre el marco de regulación del sistema de microcrédito en Nicaragua sólo los funcionarios de Gobierno conocerían sus alcances.
Sin embargo, el presidente del BCN, Antenor Rosales, aseguró la semana pasada que a la misión del FMI, prevista a llegar mañana martes, le sería presentada la propuesta del Gobierno sobre dicha ley.
El diputado Torres cuestiona que el Gobierno busque un acuerdo previo entorno a esta ley con el FMI, para después pretender que la Asamblea Nacional la apruebe.
“Tienen cualquier cantidad de millones de dólares de los negocios del Alba depositados en los bancos que necesitan ponerlos a trabajar y saben que el sistema de las microfinancieras es rentable. Aquí quieren crear otro negociazo”, dice.
La manera en que podría darse, según analiza, es creando un marco regulatorio cuyas condiciones favorezcan a las cooperativas como Alba Caruna, y poder poner a trabajar los fondos venezolanos otorgando préstamos a los sectores productivos en mejores condiciones que el resto de empresas del sector.
“Si dispones de suficiente capital, refiere, y habiendo una demanda de los ganaderos, agricultores, comerciantes, pero tasas fijas de interés más bajas que el promedio, hacés salir del mercado al resto y así controlas el mercado”, dijo Torres.
Si la ley no coloca “candados” para evitar el monopolio, según Torres, fácilmente Caruna dominaría en poco tiempo el mercado del microcrédito en Nicaragua.
Por su parte el economista Acevedo, evalúa que el FMI estaría queriendo medidas para evitar que el alto nivel de capital de la cooperación de Venezuela, manejados en pocos bancos del país, se vuelvan un peligro para la estabilidad del Sistema Financiero.
“Se ha criticado a los bancos de no tener voluntad de usar ese enorme aumento en los depósitos para apoyar la producción. Pero los bancos no pueden prestar ese dinero, dado que, por las características del mismo, puede ser retirado en cualquier momento, con la misma velocidad con que estos recursos engrosaron los depósitos”, analiza.
Acevedo indica que si un banco prestase dicho fondos, y estos recursos fueran retirados en medida significativa, ello equivaldría exactamente a una “corrida” bancaria, que podría desestabilizar a cualquier banco.
Asimismo, el economista refiere que la reducción del encaje legal a los bancos, aprobado por el Consejo Directivo del Banco Central, lo que pretende es resolver la presión que hacen los fondos venezolanos en el sistema bancario.
“Cuando se reduce el encaje legal —dice— para que los bancos puedan disponer de mayor liquidez para otorgar créditos, el problema que se intenta resolver no es, en general, la falta de liquidez de los bancos, pues como hemos visto, éstos adolecen de un exceso de liquidez”.
Acevedo asegura que el problema es que esta liquidez en exceso, proveniente de los depósitos derivados de la cooperación petrolera, no son realmente liquidez prestable, porque pueden retirarse en cualquier momento.
“(Por tanto) Al reducir el encaje legal se intenta que los bancos puedan disponer de liquidez adicional, que sí sea prestable”, afirma.
DETUVIERON LA LEY
La discusión sobre la Ley de Microfinanzas estaba avanzando en la Comisión Económica y la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif). Ya se había acordado que las microfinancieras no captarían depósitos de los clientes y no se les fijarían tasas de interés.
Esta ley es parte de la agenda complementaria que debía tener lista el Gobierno para la sexta revisión del programa macroeconómico con el FMI. Con el cambio, se pedirá una prórroga al organismo para agosto, cuando se daría el nuevo encuentro entre los equipos de negociación.
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