Con la vuelta al poder del sandinismo, siempre con Daniel Ortega a la cabeza, las reglas del juego entre esta fuerza política y el empresariado nicaragüense han tomado una nueva dimensión: la de no entrometerse en asuntos políticos, aunque sí exigir el respeto a la institucionalidad.
En esta nueva correlación, el sandinismo ha implementado políticas económicas tendientes a mantener la estabilidad financiera, buenas relaciones con los organismos multilaterales y la continuidad del desarrollo de la libre empresa, tanto desde el inicio de la actual administración en 2007 como ahora de cara a las elecciones presidenciales de noviembre 2011. Nada que ver con las confiscaciones, encarcelaciones ni expropiaciones de los años ochenta.
Anteriormente fue el sector privado decisivo para la caída del expresidente Somoza Debayle. Con los sandinistas en el poder, éste jugó un papel activo, más bien beligerante, pero aquellos eran tiempos de dantescas revoluciones con fuertes cambios sociales, culturales y violentos. Durante la era liberal de postguerra de 1990 al 2006, los empresarios mantuvieron un acercamiento equilibrado y cohabitable con los gobiernos de turno.
En la actualidad si bien es cierto que no podemos hablar de una luna de miel entre el Gobierno y el sector privado, sí existen buenas relaciones entre ambos.
Política y mentalmente hay una evolución positiva a nivel civilizatorio en el sistema, lo que genera ingrávidos laberintos en ciertos sectores quienes quisieran ver a un Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) con mucha mayor agresividad, con un sentido de alta rebelión y quizás hasta intrigante (lo que no va a ocurrir), para azotar a un Ortega que a fin de cuentas, es cierto que bajo su gestión se violan las leyes ¿desde el punto de vista de un sector de la oposición y sobre todo de una cúpula de la Sociedad Civil y de la prensa independiente?, pero que a la vez, nadie puede negar que es un buen practicante del demócrata autoritario.
Además es innegable que a pesar del discurso populista ubicado en torno al chavismo, las relaciones con Estados Unidos son estables como lo son con el resto de la comunidad internacional y ya no digamos con los organismos financieros. A excepción del reclamo de países como Francia, Alemania y otros, para que el actual Consejo Supremo Electoral (CSE) permita la observación electoral en los próximos comicios, no existen mayores presiones hacia el Ejecutivo.
Interpretando las declaraciones de los máximos líderes del sector privado, éstos no van a jugar a un discurso frontal mientras éstos tengan la libertad de hacer negocios, como en realidad está ocurriendo.
Incluso mientras algunos de éstos han sido en público acérrimos críticos, quienes hasta han desatado una actitud abiertamente partidaria a favor de candidatos de la oposición, como algunos de ellos en el directorio anterior de la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio (AMCHAM), éstos fácilmente han continuado desarrollando sus actividades mercantiles sin ningún tropiezo, lo que en términos interpretativos y morales no sea bien visto por algunos.
En esta reciprocidad Gobierno-empresarios hay puntos de vista que no pueden ser pasados por alto y que en cierta forma tienden a favorecer a Ortega de cara a un eventual triunfo electoral, entre los que destacan la persistente debilidad en la unión de la oposición, la cual a estas alturas debe girar en torno al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ¿que ya lleva de candidato a Arnoldo Alemán?, por ser ésta la única institución partidaria con estructura nacional y, por otra parte, como dijera el sociólogo Oscar René Vargas, la pérdida de influencia del gran capital al vender a grupos financieros internacionales sus empresas.
Así las cosas, corresponderá a la clase política ser más beligerante, incluyente y pragmática, si de botar a Ortega se trata y reiniciar la continuidad política iniciada en 1990; los empresarios, claro está, harán y deberán hacer lo suyo: generar riqueza, empatía, empleos y propiciar la gobernabilidad el país.
El autor es escritor y periodista nicaragüense.
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