La propuesta que hizo el presidente de facto de la Contraloría General de la República, doctor Guillermo Arguello Poessy, de hacer una nueva auditoría al Consejo Supremo Electoral (CSE) para esclarecer las denuncias de graves anomalías en las cuentas de esa institución, fue rechazada no sólo por los contralores del FSLN, sino también por sus colegas que pertenecen al PLC. Uno de los contralores de facto puestos por el PLC, trató de explicar y justificar su insólita actitud, pero como suele ocurrir en estos casos, nadie le ha creído.
En realidad, tanto el último destape de la corrupción en el CSE que ha hecho El Nuevo Diario, como la renuencia de los contralores orteguistas y arnoldistas a hacer una nueva auditoría, que sería lo menos que pudiera hacer ese órgano de control de cuentas del Estado, demuestran ante todo, o más bien confirman, lo que LA PRENSA tantas veces ha dicho y denunciado: que el régimen actual es quizás el más corrupto de la historia nacional y que nunca la impunidad había sido tan descarada como ahora.
Además, resulta muy difícil creer que los contralores pertenecientes al PLC hayan actuado en este caso por su propia cuenta, es decir, sin haber recibido instrucciones de la directiva de su partido o personalmente de su caudillo, Arnoldo Alemán. Los contralores del PLC o arnoldistas son conscientes de que tienen que pagar un alto costo personal por cerrar filas con los contralores orteguistas a fin de proteger al desacreditado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, que es quien debe responder por las escandalosas anomalías en el manejo de los fondos de ese organismo del Estado, que han sido denunciadas públicamente. De manera que no se puede creer que fuera por su propia voluntad que los contralores del PLC o arnoldistas apoyaran su encubrimiento. Tienen que haber recibido un mandato de su partido, o del caudillo liberal, lo cual indicaría o confirmaría que, como sostienen muchos políticos democráticos y analistas independientes, el pacto del PLC con el FSLN o de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán no se ha extinguido, sigue vigente, funcionando y dañando los intereses y la honra de la nación.
Por otro lado, es una significativa coincidencia que la decisión de los contralores arnoldistas, de impedir la auditoría en las cuentas turbias y sospechosas del Consejo Supremo Electoral, coincidiera con la publicación en el diario El País, de España, de más revelaciones de Wikileaks acerca de Nicaragua. Las que ahora se refieren de manera específica al escandaloso fraude electoral que perpetró el orteguismo en los comicios municipales de noviembre de 2008, por medio del mismo Consejo Supremo Electoral que está compuesto solo por magistrados nombrados por el FSLN y el PLC.
En las nuevas revelaciones alrededor del fraude electoral de noviembre de 2008, lo más significativo es la información de que después de consumado el fraude Arnoldo Alemán se reunió con Daniel Ortega, para “redistribuir” las alcaldías que fueron robadas a los candidatos que verdaderamente las ganaron. Lo cual explica el hecho de que todas las alcaldías robadas mediante el fraude, fueron las que ganaron los candidatos del Movimiento Vamos con Eduardo que participó en aquellos comicios en alianza con el PLC.
En conclusión, el escandaloso asunto de las malas cuentas en el Consejo Supremo Electoral era una oportunidad dorada para que los contralores del PLC se lucieran y le dieran un impulso político y propagandístico a la candidatura presidencial del caudillo liberal. Inclusive pudieron o debieron asumir la iniciativa de proponer la investigación exhaustiva del caso, para demostrar que la petición mediática de perdón que ha hecho Alemán es real y sincera.
Ciertamente, ¿qué mejor oportunidad podrían haber tenido el PLC y su candidato presidencial para demostrar que de verdad está arrepentido por la corrupción que hubo en su gobierno, y que en el hipotético caso de que volviera a ser presidente no volverían a ocurrir los latrocinios por los cuales fue acusado, condenado y después absuelto gracias al pacto con Daniel Ortega? ¿Es que Alemán, a quien algunos reputan como un hombre muy habilidoso y buen aprovechador de las oportunidades, no vio el beneficio que hubiera podido sacar de una actitud beligerante de sus contralores en este caso del CSE? ¿O es que por las ataduras del pacto se vio forzado a tomar esa decisión? Y los elementos sanos y realmente democráticos que hay en el PLC, ¿hasta cuándo seguirán cargando la cruz ignominiosa del pacto de los caudillos que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al país, incluyendo a su mismo partido?
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