Las autoridades de Relaciones Exteriores de Nicaragua pidieron dialogar con sus homólogas de Panamá, a fin de encontrar la manera de revertir las medidas migratorias hacia los nicaragüenses que viajan al país canalero, las cuales han sido consideradas como discriminatorias.
Al menos es la propuesta que el embajador de Panamá en Managua, Olimpo Sáenz, afirmó recibió de parte del canciller de Nicaragua, Samuel Santos con quien se reunió ayer.
Sáenz y Santos conversaron a puerta cerrada en el despacho del canciller en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, este miércoles a las 10:30 de la mañana.
- A finales de enero, las autoridades panameñas comenzaron a restringir la entrada de nicaragüenses hacia ese país.
La medida también afectó a las excursiones de comerciantes menoristas que viajan al país canalero a traer mercadería.
El gobierno nicaragüense estuvo alrededor de un mes en silencio, hasta ayer que el canciller Samuel Santos citó al embajador panameño en el país.
Uno de los argumentos de Panamá para aplicar medidas ha sido el alto costo de las deportaciones de nacionales. La devolución de nueve en el mes de enero costó alrededor de 3,200 dólares, según el SNM.
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A su salida el embajador afirmó que Santos le expresó “su preocupación” por las medidas migratorias y le pidió “que transmitiera” al presidente Ricardo Martinelli y al Canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, el interés del mismo Santos y del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de iniciar “un diálogo fraterno”, que conduzca a ambos gobiernos a “encontrar las alternativas para que estas medidas se reviertan”.
Desde finales de enero, el Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño aumentó el control en los puestos fronterizos. A los nicaragüenses que pretenden ingresar a ese territorio se exige portar un boleto aéreo aún cuando viajen por tierra, además de presentar 500 dólares en efectivo como “garantía” de que cuentan con los recursos para costear la estadía en Panamá.
DERECHO DE APLICAR MEDIDAS
Pero el diplomático justificó que son medidas migratorias las cuales todo gobierno tiene derecho aplicar y que su país exige igual a los ciudadanos de República Dominicana y Venezuela presentar mil dólares como garantía de su estadía.
“Lo importante es conversar para empezar, y ahí va a salir una solución, seguro”, estimó.
NO QUIEREN MIGRANTES ILEGALES
Las medidas responden a evitar el aumento de la migración indocumentada de nicaragüenses, debido al problema de que los que viajen por vía tierra no puedan retornar a su país al verse imposibilitados de transitar por territorio costarricense.
Costa Rica exige a los nicas tener un visado para transitar por su territorio, el cual otorga 30 días de derecho de estadía. Panamá por su parte, aunque no exige visa, otorga una estadía de 180 días.
Según el embajador Sáenz, el problema se da cuando al ciudadano nicaragüense estando en Panamá se le vence el visado costarricense, y queda imposibilitado de poder solicitar visa de tránsito desde Panamá para volver a territorio nacional.
“Entonces ese nica se queda varado en Panamá y se convierte en indocumentado, y como indocumentado Panamá lo tiene que deportar”, afirmó.
Señaló que es un proceso migratorio que rige en todos los países, del cual Nicaragua también aplica. “Si me paso de los 90 días que Nicaragua me da para estar aquí, me convierto en indocumentado y Nicaragua me tiene que deportar”, afirmó.
El último año 36 mil nicaragüenses ingresaron a Panamá. El auge en las inversiones en el sector de la construcción por la ampliación del canal está haciendo aumentar la migración hacia ese país por las oportunidades de empleos que existen.
NIEGA QUE RESPONDA A ALIANZA CON LOS TICOS
Sáenz negó que su gobierno actúe en respaldo al de Costa Rica por el diferendo que los gobiernos de Managua y San José enfrentan por el río San Juan de Nicaragua ante la Corte Internacional.
El embajador espera que su Gobierno acepte la petición de Nicaragua de dialogar, e incluso no ve mal que se invite a Costa Rica a participar.
“Me parece interesante que los países que estamos involucrados participemos en buscar una solución conversada, consensuada y dialogada”, afirmó.
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