Un grupo de familiares de tres detenidos que fueron acusados por supuesto robo, de nueve mil galones de combustible, en la empresa Albanisa, en Corinto, demandaron ayer un juicio justo.
El grupo se presentó con pancartas en mano a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para denunciar que supuestamente sus familiares no han sido beneficiados con un proceso justo.
Los familiares de Coris Cabrera Gutiérrez, quien fungía como responsable del plantel Carlos Tinoco; Oscar Nelson Juárez Pineda, despachador del combustible y Luis Montalván, quien se desempeñaba como vigilante, denunciaron la constante posposición del juicio.
La última vez que fue reprogramado el juicio oral y público fue el 16 de febrero. Hasta esa fecha se había extendido la audiencia, que inició desde el 2 de febrero. Y fue reprogramado para el 4 de marzo. Mientras los tres acusados siguen detenidos y fueron arrestados desde el 3 de septiembre.
UTILIZAN INFLUENCIA
La suspensión, según Alicia Rocha, pariente de uno de los detenidos, fue a petición del gerente de la empresa en Corinto, Ernesto Méndez, quien compareció como víctima en el caso, que según los denunciantes ha utilizado su influencia para incidir en el proceso, al considerar que las declaraciones de los testigos le eran adversas.
La denunciante sostuvo ante el Cenidh que lo último que hizo Méndez fue solicitar cambio de fiscal.
La Fiscalía accedió cambiar al doctor Edwin Urcuyo por el fiscal Walter Chavarría, quien llegó pidiendo la interrupción del juicio.
“La juez, Rosa Adilia Baca, no estaba de acuerdo con la interrupción, es más dio tiempo para que buscaran testigos, que alegaban como causa que no tenían testigos, los que faltaban eran dos policías que estuvieron presentes en la sala de juicio. Pero (Ernesto) Méndez los mandó para su casa para alegar que no tenían testigos”, expresó Rocha.
La denunciante afirmó que la judicial accedió tras recibir una llamada telefónica. “Y dijo que el juicio quedaba interrumpido”, manifestó Rocha.
El funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, manifestó que revisarán esta situación porque el Código Procesal Penal (CPP), establece un máximo de tres meses como término legal por los privados de libertad.
“Como organismos de derechos humanos hemos estado recibiendo con cierta frecuencia este tipo de anomalías, incluso hemos enviado comunicación al Poder Judicial de juicios de hasta un año, con personas privadas de libertad, y eso nosotros lo hemos considerado arbitrario, porque la ley establece un término… se establece una pena sin estar condenados”, dijo Carrión.
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