Por Colleen Barry
MILAN / AP
Una juez italiana ordenó el martes que el premier Silvio Berlusconi sea juzgado bajo acusaciones de que tuvo relaciones sexuales por dinero con una menor y trató de encubrirlo.
Berlusconi había sido juzgado por una serie de cargos relacionados con sus negocios, pero ésta es la primera vez que el multimillonario de 74 años debe responder a acusaciones de índole personal. El premier ha rechazado los cargos y ha acusado a su vez a los fiscales de querer derrocarlo.
La juez Cristina Di Censo presentó el acta de acusación junto con una breve declaración. El juicio, que comenzará el 6 de abril, será presidido por tres jueces, todas mujeres.
La decisión significa que según Di Censo existen méritos para someter a Berlusconi a un juicio inmediato como exigen los fiscales. Este procedimiento, que pasa por alto las audiencias preliminares, es de rigor en caso de existir pruebas contundentes. La prostitución no es punible en Italia, pero el cliente comete un delito si la prostituta es menor de 18 años.
Berlusconi ha dicho que las acusaciones son «infundadas» y que el caso es una «farsa».
Sin embargo, el juicio se suma a sus problemas en momentos que el jefe de gobierno ha perdido a un importante aliado político y crecen las presiones para que renuncie, una posibilidad que él ha rechazado reiteradamente.
«No esperábamos otra cosa», dijo un abogado de Berlusconi, Piero Longo, al sitio de internet Affaritaliani.
Los fiscales acusan a Berlusconi de pagar para tener relaciones sexuales con una menor marroquí apodada Ruby y luego usar su influencia para obtener su libertad cuando la Policía la detuvo por robar 3.000 euros (4.103 dólares), un caso no relacionado con el premier. Alegan que él temió que la relación saliera a la luz.
Tanto Berlusconi como Ruby niegan haber tenido relaciones sexuales, aunque ella dijo que el premier le dio 7.000 euros (9.550 dólares) tras su primer encuentro.
El cargo de relaciones con una menor conlleva una pena de prisión de seis meses a tres años. El de abuso de influencia, que según los expertos es el más peligroso para el premier, puede ser penado con cuatro a 12 años de prisión.
